Inicio de 2025 en Bolivia con inflación histórica y ajustes económicos
- Pais
- 14 de enero de 2025

Al promulgar un decreto que ajusta los precios del combustible, el Ejecutivo boliviano reactiva el manejo de hidrocarburos bajo condiciones más cercanas a los costos internacionales, con el objetivo de contener el déficit fiscal por subsidios y modernizar el sistema energético en un entorno de restricciones de divisas y fuerte dependencia importadora.
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El crédito aprobado por la CAF permite a Bolivia atender compromisos financieros previos sin recurrir a mecanismos más costosos, reforzando la relación con organismos multilaterales y aportando previsibilidad a la política fiscal en un contexto regional de restricciones presupuestarias.
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El Gobierno anunció la eliminación del requisito de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, con la expectativa oficial de generar al menos 80 millones de dólares entre 2026 y 2029. La medida forma parte de una estrategia integral para reactivar el turismo y facilitar el ingreso de divisas.
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En noviembre de 2025 se registró una moderación mensual en los costos de la construcción, según reportes locales, que ofrecieron alivio temporal al mercado inmobiliario. No obstante, los índices acumulados muestran incrementos sustanciales en los últimos dos años, lo que mantiene presiones sobre proyectos, márgenes y financiamient
LEER MÁSLa subvención alimentaria implementada por el Estado durante 2025 demandó 2.808 millones de bolivianos y generó efectos económicos observables en precios y en la sostenibilidad fiscal, según reportes periodísticos y datos oficiales. El debate público se concentra ahora en cómo mantener la seguridad alimentaria sin comprometer la equilibrio presupuestario.
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, planteó la creación de un “acuerdo nacional” que articule al Estado, al sector privado y a los trabajadores, con el propósito de enfrentar la crisis económica y restablecer la estabilidad institucional del país. El planteamiento se enmarca en un momento en el que el Gobierno ha reconocido tensiones fiscales y necesidad de fortalecer la coordinación público-privada.
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