El sueldo que reciben los bolivianos hoy compra menos que hace cinco años. El poder adquisitivo del salario se ha erosionado en un 45% respecto al dólar estadounidense, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que evidencia una pérdida significativa de capacidad de consumo en un contexto de estancamiento salarial, presión inflacionaria y restricciones en el acceso a divisas.

Esta devaluación implícita del salario boliviano ocurre en un escenario donde el 78% de los trabajadores del sector privado no ha recibido ningún incremento salarial en lo que va del año, de acuerdo con un estudio de la Fundación Jubileo. A pesar del reciente decreto que establece un aumento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al haber básico para el sector público y privado, la realidad es que muchas empresas privadas, especialmente medianas y pequeñas, no pueden afrontar el ajuste.

Salario en dólares: caída silenciosa del ingreso real

En 2019, el salario mínimo nacional equivalía a $us 303. Esta caída de casi la mitad en la capacidad de compra del ingreso mínimo se debe, en parte, al tipo de cambio paralelo que se ha alejado del valor oficial. Aunque el tipo de cambio nominal se mantiene estable en Bs 6,96 por dólar, en el mercado informal supera los Bs 8, una brecha que encarece importaciones, eleva precios y debilita aún más el ingreso familiar.

La inflación acumulada entre 2020 y 2025 ha sido moderada en cifras oficiales, pero el encarecimiento de productos básicos —agudizado por la escasez de dólares— golpea más intensamente a los hogares de ingresos bajos y medios. Al mismo tiempo, el déficit fiscal y la falta de confianza en el sistema financiero han obligado al Estado a limitar su capacidad de respuesta.

Un aumento simbólico frente a una economía presionada

Para muchos empleadores privados, el incremento salarial decretado este mayo representa un lujo difícil de costear. Según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el 70% de las unidades productivas del país son informales o semi informales, y un aumento salarial obligatorio podría derivar en más despidos o en el incremento del empleo no declarado.

La situación también refleja una fragilidad estructural en el mercado laboral: la informalidad, que alcanza al 80% de los trabajadores según el INE, limita el acceso a derechos laborales plenos, incluyendo beneficios sociales y estabilidad. Esta realidad empeora en sectores como el comercio y los servicios, donde los ingresos son más volátiles y la cobertura social es mínima. A nivel regional, Bolivia enfrenta una presión adicional: el fortalecimiento del dólar y la desaceleración del crecimiento económico en América Latina han reducido los márgenes de maniobra de los países con economías más expuestas a subsidios, déficit fiscal y dependencia de importaciones.

Aunque el gobierno defiende la estabilidad del tipo de cambio y la “reconstrucción” del poder adquisitivo como objetivos clave, las cifras reflejan una tendencia contraria. De no tomarse medidas estructurales, la pérdida del valor real del salario podría consolidarse, afectando el consumo interno, la inversión privada y, en última instancia, la reactivación económica del país.