El Gobierno presentó dos proyectos de ley para impulsar las energías renovables, habilitar subastas y ampliar la participación privada en el sector eléctrico. La propuesta puede atraer capital y reducir el consumo de gas, pero deberá garantizar seguridad regulatoria y energía accesible para hogares y empresas.
Dos leyes buscan cambiar el modelo eléctrico
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco, presentó ante la Asamblea Legislativa dos proyectos orientados a modernizar el sector eléctrico y diversificar la matriz energética boliviana.
La primera propuesta crea mecanismos para identificar y certificar proyectos de energías verdes, facilitando su acceso a financiamiento nacional e internacional. Comprende iniciativas de generación renovable, hidrógeno verde, combustibles alternativos, gases renovables y ahorro energético. El proyecto establece incentivos tributarios para inversiones superiores a 15 millones de dólares y mecanismos diferenciados para proyectos de menor escala. También plantea un fondo de investigación sostenido mediante cooperación internacional.
La segunda iniciativa busca actualizar la normativa eléctrica, incorporar subastas, fortalecer la regulación, ampliar la participación privada y garantizar el suministro de largo plazo.
La inversión privada gana espacio mientras el gas conserva su papel
Las empresas energéticas aparecen como ganadoras si las leyes establecen procesos competitivos y contratos previsibles. Proveedores de paneles, turbinas, baterías, ingeniería y servicios ambientales también podrían recibir nueva demanda. El Estado puede reducir el consumo interno de gas y destinar una mayor parte a usos industriales o comerciales. Sin embargo, deberá administrar incentivos tributarios sin convertirlos en beneficios que no produzcan nueva capacidad eléctrica.
Los importadores de tecnología ganarían mercado, aunque necesitarán dólares para adquirir equipos. Los trabajadores pueden encontrar oportunidades en construcción, instalación y mantenimiento, pero requerirán capacitación especializada. Marcelo Blanco afirmó que Bolivia no plantea abandonar inmediatamente el gas, sino diversificar una matriz que todavía depende ampliamente de combustibles fósiles.
Las tarifas serán la prueba económica del cambio
El Gobierno descartó por ahora un incremento de las tarifas eléctricas. Esa decisión protege a consumidores, comercios e industrias, pero deja pendiente cómo se pagarán las nuevas inversiones y quién asumirá los costos de integración. Los generadores necesitan ingresos previsibles. Los consumidores necesitan estabilidad. Si el precio regulado no cubre los costos, el Estado podría terminar compensando la diferencia o dificultando la llegada de capital privado.
La próxima definición estará en la Asamblea Legislativa. Si las leyes incorporan subastas transparentes, reglas estables y contratos financiables, Bolivia podrá ampliar su oferta eléctrica sin esperar otra crisis del gas. Si los incentivos avanzan sin regulación clara, los proyectos permanecerán en anuncios y la economía seguirá dependiendo de una fuente cuya producción nacional continúa bajo presión.
