La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) informó este jueves que se dispuso la intervención para la liquidación forzosa y la revocatoria de la autorización de funcionamiento de la compañía de seguros Provida S.A., en el marco de las atribuciones otorgadas por la Ley de Seguros 1883 y del Decreto Supremo
La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) informó este jueves que se dispuso la intervención para la liquidación forzosa y la revocatoria de la autorización de funcionamiento de la compañía de seguros Provida S.A., en el marco de las atribuciones otorgadas por la Ley de Seguros 1883 y del Decreto Supremo 25758.
Esas acciones se las realizaron a través de la Resolución Administrativa APS/DJ/DS N° 945, de 16 de septiembre de 2020, informó la APS a través de un comunicado de prensa.
El procedimiento administrativo fue ejecutado esta jornada (jueves), y la APS aseguró que tomó todos los recaudos necesarios y establecidos en la normativa vigente, para resguardar la información institucional necesaria y pertinente, en beneficio y garantía de todos los asegurados, jubilados y tomadores de pólizas que actualmente mantienen relación con Provida S.A..
«A los beneficiarios y a sus familias en particular, queremos informarles que sus prestaciones y beneficios están asegurados, resguardados y protegidos, por lo que continuarán recibiendo sus pagos en las fechas previstas de manera mensual, a través de las entidades financieras y medios de pago vigentes a la fecha», afirmó la APS.
En la actualidad, Provida S.A. cuenta con 1.767 beneficiarios, de los cuales 470 son por jubilación (pensión de vejez) y 1.297 por coberturas de muerte e invalidez de riesgo común y/o riesgo profesional.
Ese grupo de beneficiarios provienen de la cobertura de una póliza de seguros previsionales, correspondiente a las gestiones 2001 al 2006.
La APS afirmó que tomó esa medida de carácter administrativo, «velando por el interés de los asegurados y beneficiarios y con el objeto de precautelar la salud financiera de los recursos previsionales que deben tener al menos una sostenibilidad en los próximos de 30 años».
Desde el 2017, la compañía Provida S.A. presentó observaciones técnico financieras, legales y operativas, y estuvo bajo un proceso de fiscalización permanente.
«En este proceso, en la gestión 2018 se suspendió la comercialización y renovación de pólizas en el territorio nacional», indicó la APS.
Asimismo, Provida S.A. no respondió de manera apropiada a los diferentes requerimientos administrativos, financieros y patrimoniales que la APS solicitó, en el marco de la fiscalización permanente que venía ejerciendo.
En los últimos 10 meses, Provida S.A. cambió su composición accionaria en dos oportunidades, poniendo en riesgo, no sólo las políticas del gobierno corporativo, si no la estabilidad financiera de la entidad misma.
Finalmente, la APS informó que ejercerá todas las funciones y atribuciones que la ley le otorga para precautelar los derechos de los asegurados y los beneficiarios.
Fuente: ABI