La Cámara Nacional de Industrias estimó que el impacto de El Niño sobre la economía boliviana podría oscilar entre 0,3% y 2% del PIB según su intensidad, lo que en términos monetarios representaría pérdidas de entre 275 millones y 1.100 millones de dólares. El cálculo no es un ejercicio abstracto: se apoya en lo que ya ocurre en el territorio. Chiquitania y el Chaco atraviesan sequías agudas mientras el altiplano registra heladas y nevadas, dos extremos climáticos que golpean al mismo tiempo a la producción agropecuaria y a la disponibilidad de agua para la industria.

El gremio resumió su mensaje en una consigna simple: anticipar hoy para producir mañana. Detrás de esa frase hay una preocupación concreta sobre el abastecimiento de materias primas agropecuarias, el encarecimiento de insumos y la posible presión sobre los precios de alimentos básicos en un momento en que la economía boliviana ya lidia con escasez de dólares y un tipo de cambio que se ajusta con frecuencia.

Quién siente primero el golpe

El efecto no llega parejo. Las empresas industriales que dependen de materia prima agrícola local, como las procesadoras de alimentos y bebidas, son las primeras en exponerse a mayores costos operativos si la sequía reduce las cosechas del oriente. El sector agropecuario enfrenta el riesgo más directo: menor rendimiento por hectárea y mayor gasto en riego o forraje. Los consumidores quedan al final de esa cadena, expuestos a que cualquier escasez se traduzca en precios más altos para productos de la canasta básica.

El Estado, por su parte, juega un doble papel. Necesita coordinar la respuesta de prevención que reclama el sector privado, pero también carga con el costo fiscal de eventuales programas de emergencia agrícola o subsidios adicionales si la crisis se agrava. Los trabajadores de sectores vinculados a la agroindustria y la manufactura de alimentos son quienes más riesgo corren de ver afectada su estabilidad laboral si las plantas reducen turnos por falta de insumos.

La ventana que se achica

La Cámara Nacional de Industrias propuso conformar un Consejo Nacional de Prevención para enfrentar el fenómeno, una señal de que el sector privado no espera que la respuesta surja únicamente del Estado. La pregunta de fondo es si Bolivia tiene la capacidad institucional y el margen fiscal para actuar antes de que el fenómeno alcance su punto más intenso, o si una vez más la respuesta llegará después de que el daño ya esté hecho.