El Decreto Supremo 5676, firmado en la madrugada del lunes, establece que las empresas agroindustriales que consumen entre 20.000 y 120.000 litros de diésel al mes pagarán 18 bolivianos por litro, el equivalente a algo más de un dólar y medio. El transporte público y los consumidores particulares seguirán pagando el precio subvencionado de 9,80 bolivianos. El Ministerio de la Presidencia justificó la medida como una forma de regularizar el abastecimiento y reducir las filas en los surtidores, además de abrir espacio para que nuevos proveedores privados importen combustible a precio de mercado. El trasfondo estructural es conocido: Bolivia importa hoy el 95% del diésel y el 60% de la gasolina que consume, una dependencia que creció rápidamente después de que la producción interna de gas y combustibles líquidos entrara en declive.

El campo responde con rechazo

La Cámara Agropecuaria del Oriente calificó el decreto de discriminatorio, al considerar que castiga de forma distinta a productores según su tamaño y golpea justo al eslabón que abastece de alimentos al mercado interno. El sector sostiene que el nuevo precio eleva directamente los costos de siembra, cosecha y transporte agrícola, en un momento en que la producción de alimentos ya enfrenta presión por la escasez de combustible de los últimos meses. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a cargo de Marcelo Blanco Quintanilla, salió a aclarar que el precio de 18 bolivianos no alcanza al transporte público ni a los consumidores pequeños, e insistió en que el objetivo es desincentivar el contrabando de combustible subvencionado hacia mercados vecinos.

Quién gana y quién pierde con el nuevo precio

Para el Estado, la medida alivia la carga fiscal de una subvención que se ha vuelto cada vez más cara de sostener con reservas internacionales escasas. Para las empresas importadoras privadas habilitadas desde junio, el decreto abre una oportunidad de negocio real, ya que ahora existe un mercado formal dispuesto a pagar precio internacional. Para las grandes agroindustrias, en cambio, el golpe es directo sobre sus costos de producción, con el riesgo de trasladarlo a precios finales. El transportista y el consumidor común quedan protegidos por ahora, aunque de forma indirecta terminarán pagando la factura si el encarecimiento agrícola llega a los precios de los alimentos en los mercados.

La pregunta que queda abierta es si el Gobierno logrará atraer suficientes importadores privados como para que el nuevo mercado de diésel realmente termine con las filas, o si el costo de este primer paso hacia la liberalización terminará reflejándose antes en la canasta familiar que en los surtidores.