La señal que emite el gobierno del presidente Rodrigo Paz es doble y, en parte, contradictoria. Por un lado, muestra capacidad institucional para reinsertarse en los mercados financieros globales, algo que el país había perdido prácticamente desde 2022. Por otro, revela con franqueza la magnitud de la presión: Bolivia vuelve al mercado no precisamente por fortaleza económica, sino en medio de una creciente escasez de liquidez, menor ingreso de divisas y un calendario de pagos de deuda cada vez más exigente.

La ventana y sus condiciones

Bolivia ha contratado a Deutsche Bank Securities y a Santander para celebrar reuniones con inversores a partir de este lunes con el fin de medir el apetito por un pagaré en dólares de referencia, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. Sería la primera emisión soberana en moneda extranjera desde hace cuatro años.

El momento elegido no es arbitrario. Los diferenciales de deuda emergente se han reducido hasta ubicarse cerca de sus niveles más bajos desde 2013, pese a que el conflicto con Irán se prolonga y causa daños económicos a nivel mundial. Bolivia aprovecha esa compresión global del riesgo para colarse en una ventana que podría cerrarse con rapidez si el entorno geopolítico se deteriora.

La prima de riesgo que exigen los inversores para mantener los bonos soberanos bolivianos cayó a 378 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, la más baja desde 2020, según datos de JPMorgan Chase & Co. La mejora responde, en parte, a decisiones concretas del nuevo gobierno: desde que asumió el poder en noviembre, la administración de Paz recortó las subvenciones a los combustibles y cumplió con el pago de los bonos externos, lo que llevó a Moody’s Ratings a elevar el crédito del país en un escalón y ponerle una perspectiva positiva.

El tamaño del agujero

La buena noticia de Moody’s no oculta la magnitud de los números. Bolivia enfrenta obligaciones de deuda por $us 2.300 millones solo en 2026. La deuda pública externa total al 31 de marzo de este año asciende a $us 13.429,8 millones, equivalente al 24,3% del PIB. Y la brecha de divisas proyectada para el año supera los $us 5.300 millones.

Para enfrentar ese calendario, el gobierno opera en varios frentes simultáneos. Además de la emisión de bonos, el presidente Paz concretó en sus primeros meses de gestión unos $us 8.000 millones en financiamiento externo: más de $us 3.000 millones a través de la CAF, $us 4.500 millones del BID, y unos $us 100 millones del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Ese monto, sin embargo, está orientado principalmente a inversión en infraestructura y desarrollo regional, no a cubrir vencimientos de deuda soberana de corto plazo.

La pieza más sensible del rompecabezas es el FMI. El ministro de Economía reconoció esta semana que Bolivia discute un «acuerdo» con el organismo que incluye un componente de financiamiento, aunque precisó que no se trata de un pedido de préstamo convencional sino de un mecanismo atado a reformas estructurales y metas de sostenibilidad fiscal. El monto en negociación equivaldría a entre ocho y diez veces la cuota boliviana en el FMI, con un período de gracia de al menos cuatro años y medio antes de iniciar el repago.

Analistas advierten que la posibilidad de un programa con el FMI podría actuar como un «sello de confianza» para reducir riesgos, pero también señalan que cualquier señal de incertidumbre podría encarecer el financiamiento o limitar el apetito inversor. En otras palabras: el bono y el FMI no son alternativas, son condiciones mutuamente dependientes.

El costo de cuatro años sin acceso

Bolivia pagó un precio alto por el aislamiento financiero del ciclo anterior. La ausencia de emisiones soberanas desde 2022 no fue una decisión estratégica de fortaleza fiscal; fue el resultado de un cierre de facto del mercado ante el deterioro de las cuentas públicas y la caída de las exportaciones de gas. Regresar ahora implica asumir un costo de financiamiento más elevado que el que habría correspondido si el país hubiera mantenido presencia regular en los mercados.

La estrategia actual apunta a construir un colchón en divisas, refinanciar deuda y ganar tiempo mientras se estabiliza el frente externo. Pero el margen es estrecho. Con el efectivo real del banco central en $us 144,4 millones y vencimientos que cuadruplican ese número solo en los próximos meses, el gobierno opera sin red de seguridad visible.

La pregunta que Bolivia no puede diferir es si el retorno al mercado de bonos marca el inicio de una normalización financiera sostenida o si es, simplemente, otra operación para comprar tiempo. La respuesta depende menos de lo que digan Deutsche Bank y Santander a los inversores esta semana, y más de si las reformas que el FMI exige como condición llegan a implementarse antes de que la próxima factura venza.