Representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se reunirán con el Gobierno para presentar un paquete de cuatro leyes y cuatro decretos que buscan reactivar la producción agropecuaria mediante medidas como la liberación de exportaciones, seguridad jurídica, biotecnología y un suministro más eficiente de diésel.
Productores estrechan lazos con el Gobierno para impulsar una reforma normativa
Los agropecuarios de todo el país, encabezados por la CAO y la Confeagro, convocaron a una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, para presentar una agenda ambiciosa de reformas. En el encuentro, previsto para tratarse este martes en La Paz, expondrán cuatro proyectos de ley y cuatro decretos supremos con el fin de reactivar la producción agrícola.
Entre las medidas propuestas destacan la eliminación de cupos en exportaciones, el establecimiento de franjas de precios que permitan mayor competitividad, y un régimen legal para promover la biotecnología agrícola. Además, el paquete incluye una norma para fortalecer la institucionalidad de entidades como el Senasag, INIAF y la ABT para mejorar la eficiencia productiva.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, también denunció limitaciones estructurales al criticar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como un “nido de corrupción” y demandó una renovación técnica de sus autoridades. En sus palabras, “tienen que poner personas que sepan de agricultura, que conozcan al productor y la realidad de la tierra”.
Seguridad jurídica y combustibles: ejes centrales del reclamo agropecuario
La seguridad jurídica surge como tema central en el reclamo del agro. Los productores plantean que la verificación de la Función Económica y Social (FES) de la tierra debe pasar de cada 2 años a cada 10, para dar certeza a las inversiones agrícolas, según lo documentado en su agenda con el Gobierno. También demandan que la provisión de diésel esté asegurada. La propuesta incluye decretos para permitir importaciones privadas del combustible y garantizar que el agro tenga acceso suficiente para operar en temporada de siembra.
Implicaciones macroeconómicas y potencial para la reactivación productiva
Si las reformas son aprobadas y reguladas, podrían traer varios impactos económicos positivos. En primer lugar, una mayor seguridad jurídica para la tierra incentivaría la inversión productiva y reduciría los conflictos por propiedad. Segundo, la liberación de exportaciones y precios más flexibles fortalecerían la competitividad agraria en mercados internacionales. Tercero, un suministro estable de diésel favorecería la actividad agropecuaria, especialmente para sembradoras y transportistas.
Estas reformas también podrían aliviar la presión sobre las finanzas estatales al fomentar el crecimiento del sector privado agrícola y generar más divisas vía exportaciones. A su vez, el uso de biotecnología —una medida presente en sus propuestas— podría aumentar la productividad de cultivos estratégicos y permitir una mayor generación de excedentes.
El encuentro entre los productores agropecuarios y el Gobierno para presentar una agenda normativa firme representa un momento clave para el agro boliviano. La combinación de reformas legales, institucionales y operativas apunta a estructurar una reactivación productiva más profunda y sostenible. Si el Ejecutivo acoge estas propuestas y las implementa con una visión de largo plazo, el agro puede convertirse en un motor sólido de crecimiento y estabilidad económica. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad de traducir los decretos y leyes en acciones concretas y confiables para todas las regiones productivas.
