Durante un acto oficial en Sucre en su calidad de presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas, Paz pidió a los mandos militares que “hagan su mayor esfuerzo para que ese diésel y esa gasolina que hemos traído sea para el boliviano y no para mafias corruptas que todavía siguen incrustadas en el Estado”.
El mandatario situó la salida irregular de combustibles como un ataque directo al abastecimiento interno del país y vinculó el fenómeno del contrabando con la falta de control en zonas fronterizas.

Contexto macroeconómico y vulnerabilidades

La convocatoria a las Fuerzas Armadas ocurre en pleno episodio de escasez de diésel y gasolina en Bolivia, atribuible tanto al agotamiento de reservas energéticas como al elevado subsidio que encarece la presión sobre las finanzas públicas y genera incentivos al mercado ilícito.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, reportó que entre 150 y 200 camiones cisterna ingresaron al país durante el fin de semana para aliviar el desabastecimiento, y apuntó que el flujo deseado es de hasta 400 camiones diarios para normalizar la oferta de combustibles.
La fuga de combustibles subvencionados representa pérdidas al fisco, vulnerabiliza la balanza comercial y debilita la liquidez del Estado en un marco en el que el país debe equilibrar el abastecimiento interno, la administración del subsidio y las inversiones en infraestructura energética.

Repercusiones para la economía y los mercados

Para el empresariado del transporte, la agroindustria y el comercio, una presión sostenida sobre el abastecimiento de combustible incentiva costos extraordinarios, retrasa cadenas logísticas y eleva la incertidumbre. Una operación exitosa de control del contrabando puede derivar en mejoras en previsibilidad de costos y suministro.
Desde el punto de vista macro, la contención del desvío ilegal puede aliviar la presión sobre la salida de divisas y limitar la dependencia de importaciones paliativas, lo cual es clave en un país que enfrenta escasez de reservas e ingresos reducidos por hidrocarburos y minerales.

Retos operativos y estructurales

La asignación de la tarea de control a las Fuerzas Armadas señala la urgencia del gobierno, pero también plantea posibles tensiones institucionales: se requiere coordinación aduanera, cuerpos de control estadístico, sanciones legales efectivas y medidas administrativas que frenen la captura del sistema por mafias. Sin un marco legal robusto de comercio de combustibles y sin inversión en infraestructura de control fronterizo, la iniciativa podría quedarse en medida simbólica.
A su vez, la normalización de la oferta depende de un abastecimiento continuo, por lo que la llegada de cisternas es un alivio inmediato, pero no sustituye reformas en regulación, transparencia y supervisión de la cadena logística del combustible.

La decisión del presidente Paz de involucrar a las Fuerzas Armadas en un asunto esencialmente económico es un reflejo de la gravedad del problema del contrabando de combustibles en Bolivia. Es una señal clara a los mercados y a los agentes internos de que la nueva administración está dispuesta a priorizar el abastecimiento y la protección del fisco. No obstante, el verdadero test estará en la capacidad de convertir este enfoque en resultados tangibles: normalización sostenida del suministro, reducción de pérdidas por fuga y consolidación de un sistema de control institucionalizado. Empresas, consumidores e inversores estarán atentos a si esta medida se integra en una política estructural de transparencia, eficiencia y gobernabilidad energética.