El informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia revela un desequilibrio fiscal del 3,5 % del producto interno bruto (PIB), lo que refuerza las preocupaciones de los analistas sobre la fragilidad macroeconómica del país y su limitada capacidad de maniobra para enfrentar choques externos
El escenario fiscal se deteriora rápidamente
El informe oficial del Ministerio publica que el Sector Público No Financiero (SPNF) registró un déficit de 3,5 % del PIB al cierre del primer semestre de 2025. Esta cifra evidencia un desequilibrio creciente en las finanzas públicas en un contexto donde los ingresos por hidrocarburos siguen reduciéndose y los gastos del Estado se mantienen elevados.
Si se añade el financiamiento interno utilizado para cubrir este déficit –mayoritariamente emisión del Banco Central de Bolivia y colocación de bonos del Tesoro– el problema adquiere mayor dimensión ya que compromete la liquidez futura. Algunos analistas estiman que ya en julio la brecha pudo superar el 4 % del PIB y que sin un cambio de rumbo podría superar el 10 % en el balance anual.
Implicaciones macroeconómicas y externas
Un déficit persistente de este nivel limita la capacidad del Estado para emprender políticas contracíclicas y reduce el margen de maniobra ante choques externos como la caída de precios del gas, el encarecimiento del combustible importado o la presión inflacionaria global. La escasez de divisas, combinada con una menor producción de hidrocarburos, deteriora aún más la posición externa del país.
Desde la perspectiva internacional, las agencias de calificación consideran que una brecha fiscal estructural elevada incrementa el riesgo de deuda y de interrupción del financiamiento externo. Esto afecta directamente el costo del crédito y la probabilidad de atraer inversión extranjera. En un entorno donde algunos organismos proyectan un crecimiento económico de Bolivia por debajo del 1 % en 2025, el desequilibrio fiscal agrava la vulnerabilidad macroeconómica.
La urgencia de un ajuste estructural
El nivel alcanzado por el déficit supone que cualquier nuevo gobierno deberá plantear ajustes importantes en materia de ingresos y gastos si no quiere que el desequilibrio comprometa la estabilidad macroeconómica. Ello implica acelerar reformas tributarias, revisar subsidios, mejorar la eficiencia del gasto público e impulsar un marco que incentive la inversión privada productiva.
A su vez, la diversificación de las exportaciones, la atracción de divisas y la colaboración con organismos internacionales para financiar inversiones estratégicas serán claves para aliviar la presión del financiamiento interno y liberar espacio fiscal a mediano plazo.
