Condenamos cualquier acto que incite y promueva la confrontación entre bolivianos y demandamos el restablecimiento de las garantías constitucionales, el Estado de Derecho y la paz social en Bolivia. Al igual que la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia, recordamos a las autoridades competentes que es su deber garantizar, en todo momento, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos los bolivianos y les exhortamos a que actúen preventivamente ante cualquier acto de violencia.

Expresamos la urgencia para alcanzar salidas pacíficas y ordenadas a una situación que tiende a generar altos costos políticos, sociales y económicos para nuestro país en su conjunto. Por lo que, entendemos que en momentos como este, es necesario recurrir a las salidas institucionales, que nos permitan restablecer los espacios de diálogo y comunicación. Consecuentemente, confiamos en que la auditoría integral al proceso electoral que lleva adelante la Organización de Estados Americanos (OEA), pueda ser el mecanismo que permita alcanzar esta ansiada salida al actual conflicto.

Entendemos que para resolver el conflicto actual, es necesario dotar de las condiciones adecuadas a la misión de la OEA, así como también establecer algunos acuerdos mínimos necesarios entre los movimientos cívicos, las fuerzas políticas y el Gobierno Nacional para aceptar los resultados y actuar en consonancia con ellos.

Por nuestra parte, reiteramos nuestro compromiso pleno con las reglas democráticas, la libre empresa, la institucionalidad y el desarrollo económico de Bolivia, y como tal, esperamos mejores días para nuestro país.

Vivimos en Democracia, Respetamos las Normas…Por eso Apostamos por Bolivia