El sector de transporte de combustibles en Bolivia ha declarado estado de emergencia ante la falta de acuerdo con YPFB sobre el ajuste de tarifas. Los cisterneros exigen un incremento del 20% en los fletes y advierten que, de no obtener una respuesta favorable, suspenderán la distribución de diésel y gasolina. Esta medida podría generar un impacto significativo en la economía, afectando el abastecimiento de combustibles y el normal desarrollo de actividades productivas en todo el país.

La demanda de los transportistas y el conflicto con YPFB

La Federación de Cisterneros del Oriente, que agrupa a los transportistas de combustible en Bolivia, ha manifestado su descontento con la propuesta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de aumentar apenas un 3% las tarifas de flete, un porcentaje que, según los transportistas, no refleja el incremento real de sus costos operativos. En respuesta, el sector ha decidido instalar una vigilia en Santa Cruz y no descarta tomar medidas más drásticas en caso de no llegar a un acuerdo.

El presidente de la federación, Maikol Montaño, señaló que el pedido de ajuste se basa en la realidad económica que enfrenta el sector. Según Montaño, el mantenimiento de los camiones cisterna, el precio de los repuestos y otros costos logísticos han aumentado significativamente en los últimos años. «Nuestra demanda no es arbitraria ni exagerada. Hemos demostrado con cifras que un incremento del 20% es necesario para garantizar la sostenibilidad del servicio», afirmó.

El conflicto cobra especial relevancia en un contexto en el que otros sectores del transporte han logrado ajustes en sus tarifas. Recientemente, la Alcaldía de Santa Cruz aprobó un incremento del 15% en el pasaje del transporte público, lo que ha generado expectativas en otros gremios. Para los cisterneros, este antecedente refuerza la legitimidad de su reclamo y pone en evidencia la necesidad de revisar los costos de operación en todos los sectores del transporte.

Posibles consecuencias económicas y riesgo de desabastecimiento

La posible paralización del transporte de combustibles podría derivar en un desabastecimiento de gasolina y diésel a nivel nacional. De concretarse la medida, las estaciones de servicio enfrentarían una reducción en su capacidad de suministro en cuestión de días, lo que llevaría a largas filas y, posiblemente, a un alza en los precios en el mercado negro. Este tipo de situaciones ya se ha registrado en el pasado, cuando interrupciones en la distribución han generado especulación y sobreprecios.

El impacto económico de un desabastecimiento de combustibles sería profundo y transversal. El sector productivo, especialmente la agroindustria y la minería, depende del diésel para el funcionamiento de maquinaria y transporte de mercancías. Un freno en la distribución afectaría la cosecha y comercialización de productos agrícolas, además de generar retrasos en la exportación de minerales. Estos efectos encadenados podrían traducirse en pérdidas millonarias y afectar el crecimiento económico del país. A mediano plazo, esto podría traducirse en un aumento de la inflación, presionando aún más el poder adquisitivo de la población.

Ante este escenario, la resolución del conflicto se vuelve crucial. Tanto YPFB como los transportistas deben encontrar un punto de equilibrio que garantice la continuidad del servicio sin generar un impacto desproporcionado en la economía. La posibilidad de una crisis de abastecimiento de combustibles exige un diálogo inmediato y efectivo, en el que se busque una solución que contemple las necesidades del sector sin comprometer la estabilidad del país.