Bolivia enfrenta una nueva señal de alerta financiera: la calificadora internacional S&P Global Ratings degradó la nota soberana del país a “CCC–” con perspectiva negativa. La decisión refleja el deterioro en la capacidad de pago de deuda externa, en un contexto de reservas limitadas, elevado déficit fiscal y dificultades crecientes para acceder a los mercados de crédito.

Evaluación internacional de alto riesgo crediticio

La nueva calificación coloca a Bolivia en uno de los niveles más especulativos del escalafón internacional, implicando una alta probabilidad de impago en el mediano plazo si no se implementan medidas correctivas. La agencia advirtió que los compromisos financieros del país se incrementarán sustancialmente desde 2026, especialmente con el vencimiento de bonos soberanos y otras obligaciones externas.

S&P también advirtió que el país no cuenta actualmente con una fuente clara de refinanciamiento, ni con reservas internacionales suficientes para cubrir las amortizaciones futuras. A esto se suma una menor generación de divisas, en parte por la caída sostenida de exportaciones de gas natural y mayores gastos por la importación de combustibles.

Contexto económico: presiones acumuladas

La decisión de S&P se suma a la rebaja previa que Fitch Ratings hizo en enero de 2025, cuando colocó la calificación de Bolivia también en “CCC–”, citando riesgos fiscales, dependencia de financiamiento externo y limitada cobertura de reservas. Según datos del Banco Central de Bolivia, las RIN se ubicaban en torno a los US$ 1.700 millones en junio, uno de los niveles más bajos en más de una década.

A su vez, el país enfrenta un déficit fiscal persistente, presionado por mayores subsidios internos, aumento de gasto público y un entorno económico con bajo dinamismo de ingresos tributarios. El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó una balanza comercial deficitaria acumulada en los primeros cinco meses del año, con importaciones que superan ampliamente a las exportaciones.

Reacciones técnicas y proyecciones

Expertos en riesgo soberano señalan que esta degradación puede encarecer el acceso a financiamiento internacional y aumentar la percepción de riesgo país, elevando las tasas de interés para cualquier eventual emisión de deuda. Asimismo, reduce el apetito de los inversionistas institucionales y podría afectar la calificación de otros sectores, como banca y empresas públicas. La calificación “CCC–” implica que cualquier nuevo choque externo, como variación en los precios del petróleo, caída del comercio o tensiones políticas, puede agravar aún más la fragilidad financiera.

S&P aclaró que podría revisar la nota al alza si el país logra recomponer su liquidez externa, acceder a fuentes estables de crédito o mejorar su perfil fiscal mediante una consolidación creíble. De lo contrario, el deterioro continuado aumentaría el riesgo de default técnico.

La rebaja de la calificación soberana a “CCC–” refleja la creciente dificultad de Bolivia para enfrentar sus obligaciones externas y sostener su equilibrio macroeconómico. En un entorno de presión fiscal, reservas bajas y menor acceso al financiamiento, la advertencia de S&P constituye una señal crítica que requiere medidas urgentes de estabilización, mayor transparencia financiera y restauración de la confianza del mercado internacional.