Los principales sectores productivos de Santa Cruz han declarado estado de emergencia debido a medidas gubernamentales que consideran amenazan la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de Bolivia. Agricultores y empresarios critican decisiones que califican como «políticas mal diseñadas» y alertan sobre su impacto negativo en el tejido productivo nacional.

En un contexto de creciente preocupación, los productores cruceños señalan que las restricciones impuestas sobre la exportación de alimentos, así como el manejo de insumos agrícolas, podrían generar un efecto dominó en toda la economía boliviana. Según cifras presentadas por los sectores afectados, Santa Cruz produce más del 70% de los alimentos que se consumen en Bolivia, incluidos granos, carnes y aceites. La reducción de incentivos al sector y las dificultades para acceder a insumos esenciales podrían traducirse en menores rendimientos y un aumento en los costos para los consumidores.

Especialistas en economía advierten que el debilitamiento del aparato productivo podría comprometer el crecimiento económico del país. Además del impacto directo en la economía, los productores han subrayado el riesgo de desabastecimiento interno si las restricciones persisten. También alertan sobre la pérdida de competitividad en mercados internacionales, lo que podría significar menores ingresos por exportaciones y una disminución de divisas para el país.

En respuesta a las críticas, el Gobierno argumenta que las medidas buscan priorizar el abastecimiento del mercado interno y evitar incrementos descontrolados en los precios de los alimentos. Sin embargo, los empresarios insisten en que las soluciones propuestas no abordan los problemas estructurales del sector, como el acceso limitado a créditos y la burocracia excesiva.

En este contexto, los sectores productivos han solicitado un diálogo urgente con las autoridades nacionales para encontrar soluciones conjuntas que permitan superar la crisis sin poner en riesgo la estabilidad alimentaria y económica del país. «Estamos dispuestos a trabajar juntos, pero necesitamos reglas claras y un compromiso real con el desarrollo del sector productivo», concluyó un representante del gremio.