Desde el 1 de enero de 2025, los productores de soya en Bolivia se enfrentan a la paralización de las exportaciones debido a la falta de emisión de los Certificados de Abastecimiento Interno y Precio Justo por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta situación ha generado una acumulación de inventarios y una caída en los precios locales del grano, afectando a pequeños, medianos y grandes agricultores.

El gerente general de Anapo, destacó la gravedad del asunto: «Esta situación está generando serios perjuicios económicos a todos los productores, sin distinción de tamaño. Estimamos que las pérdidas potenciales podrían superar los 250 millones de dólares». Además, enfatizó que el Decreto Supremo 3920, vigente desde 2019, garantiza la exportación del 60% de la producción nacional de soya, previa verificación de abastecimiento interno y precios justos. No obstante, la inacción gubernamental ha impedido que este porcentaje se comercialice en mercados internacionales.

La soya es uno de los principales cultivos comerciales de Bolivia, y su exportación representa una fuente significativa de divisas para el país. En 2023, las ventas externas de soya generaron más de $1.750 millones por 3,2 millones de toneladas exportadas. La actual interrupción en las exportaciones no solo pone en riesgo la economía de los productores, sino que también amenaza la estabilidad económica nacional.

Fernando Romero, presidente de Anapo, instó al Gobierno a actuar con celeridad: «La exportación es clave para la estabilidad del sector y la recuperación económica de los pequeños productores». La demora en la emisión de los certificados necesarios no solo afecta los ingresos inmediatos, sino que también desincentiva la producción futura, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la generación de empleo en el sector agrícola.

La situación se agrava en un contexto donde factores como la sequía, la toma ilegal de tierras y la escasez de combustible ya han impactado negativamente en la producción agrícola. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), hasta septiembre de 2024, la exportación de soya cayó en más de $500 millones, una tendencia que podría empeorar si no se toman medidas correctivas de inmediato. Los productores hacen un llamado urgente al Gobierno para que se restablezca la emisión de los certificados de exportación y se garantice un entorno propicio para la producción y comercialización de la soya.