Ante la escasez denunciada por productores, el Ejecutivo compromete suministrar 35 millones de litros entre octubre y noviembre para cerrar la campaña de invierno e iniciar la de verano. La medida busca garantizar la continuidad de cultivos y reforzar la seguridad alimentaria nacional.
Distribución prioritaria frente al desabastecimiento
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, anunció que durante octubre y noviembre se distribuirán 35 millones de litros adicionales de diésel para el sector agropecuario, como parte de un plan urgente para completar la campaña de invierno e iniciar la de siembra de verano.
Flores precisó que en agosto y septiembre ya se habían entregado 21 millones de litros, lo que permitió cubrir hasta el 77 % de la necesidad del sector en esos meses críticos. Para esta nueva fase, se priorizarán cultivos sensibles como arroz, maíz, caña y oleaginosas, desplegando estaciones móviles y mecanismos de priorización en zonas de cosecha y preparación agrícola.
El gobierno estima que la demanda nacional para todo el ciclo agrícola asciende a 195 millones de litros de diésel. En conferencia de prensa, Flores reafirmó el compromiso de asegurar el combustible de forma prioritaria y subvencionada, buscando que la producción de alimentos no se vea afectada por la falta de combustible.
Riesgos estructurales y presión sobre el sector productivo
El anuncio llega en medio de denuncias del sector agrícola que advierten que la escasez de diésel ya ha puesto en riesgo inversiones millonarias y la continuidad de cultivos ya establecidos. Organizaciones como ANAPO han alertado que faltantes de combustible podrían comprometer hasta 350.000 hectáreas de soya sembrada y poner bajo amenaza más de US$ 1.300 millones en inversión.
El sector productivo además critica lo limitado de las entregas previas: de los 70 millones de litros requeridos para el periodo de invierno, solo se distribuyeron en total 52 millones, dejando un déficit significativo. Esta situación obliga al gobierno a asegurar que los mecanismos logísticos transporte, estaciones móviles, puntos de distribución estén activos y operativos para minimizar demoras o pérdidas durante la campaña.
La medida también reflejaría el desafío estructural que tiene Bolivia: más del 80 % del diésel consumido es importado, según autoridades, lo que obliga a una política energética dependiente de disponibilidad de divisas y logística internacional. En el contexto del encarecimiento global de combustibles, esta dependencia se traduce en presión sobre los costos internos y riesgos para la liquidez del Estado.
Claves para su efectividad y riesgos pendientes
Para que el anuncio tenga impacto real, será esencial que la distribución de los 35 millones de litros se realice con eficiencia, transparencia y control de pérdidas. Cualquier desvío o incumplimiento podría profundizar el déficit de combustible en zonas más remotas.
Finalmente, aunque la medida ayuda a aliviar el inmediato déficit, no resuelve los desafíos estructurales que rodean al sector energético boliviano: dependencia de importaciones, desgaste de infraestructura, falta de reservas internas de diésel y presión fiscal por los subsidios. El verdadero efecto dependerá de si este impulso puede consolidarse en un cambio de mediano plazo hacia mayor autosuficiencia energética.
