Bolivia enfrenta una de las mayores caídas en las exportaciones de soya y sus derivados, con pérdidas que superan los $us 520 millones hasta el tercer trimestre de 2024. La crisis evidencia la necesidad de políticas urgentes para estabilizar el sector y proteger los ingresos que aporta al país.

El sector de la soya en Bolivia atraviesa un momento crítico. Según el Instituto Nacional de Estadística, las exportaciones de soya y sus derivados cayeron en $us 522,4 millones hasta septiembre de 2024, lo que representa un descenso del 62,6% en la exportación de granos y del 33,3% en productos derivados, en comparación con el mismo período del año anterior. Estas cifras reflejan el impacto de factores como la sequía prolongada, la falta de insumos clave como el diésel y las limitaciones en la adopción de tecnologías agrícolas avanzadas.

Los productores reportan pérdidas de más de 800 mil toneladas debido a condiciones climáticas adversas, lo que ha afectado gravemente la capacidad de producción y exportación. A esto se suma la paralización de varias agroindustrias, que han priorizado el abastecimiento del mercado interno debido a la escasez de materia prima. Además, la crisis tiene repercusiones macroeconómicas significativas. La reducción en los ingresos por exportaciones ha disminuido el flujo de divisas, incrementando la presión sobre el tipo de cambio y complicando las ya tensas finanzas públicas del país. Según expertos, esta situación podría llevar a ajustes fiscales y una contracción adicional en la economía.

Para enfrentar este panorama, representantes del sector productivo han pedido al Gobierno mayor disponibilidad de diésel, el cual es esencial para completar la cosecha de invierno y asegurar la siembra de verano. También proponen la adopción de semillas genéticamente modificadas como una solución a largo plazo, estimando que podrían incrementar la productividad hasta en un 30%. Sin embargo, las soluciones requieren una respuesta inmediata y coordinada. Desde políticas crediticias de emergencia hasta incentivos tecnológicos, el sector demanda medidas que garanticen la sostenibilidad de una industria clave para la economía boliviana, que genera más de 150 mil empleos directos e indirectos.