El diagnóstico oficial y las medidas anunciadas

Durante su recorrido por las plantas y oficinas de ENDE, el presidente Paz dijo haber constatado que la situación financiera de la empresa no permite sostener su operación sin inyección de capital. En sus palabras, “ENDE se va a tener que abrir, es nuestra empresa nacional, la vamos a proteger, pero ENDE le tiene que dar un mejor servicio a los bolivianos y eso significa inversión, tiene que llegar inversión porque no hay platita en Bolivia, no hay de donde más sacar, se la gastaron”.

Mario Larraín, presidente de ENDE Corporación, afirmó que se realizarán auditorías internas para determinar el estado en que la dejó la gestión anterior. Larraín describió la situación como “dramática” y dijo que se registraron casos de corrupción durante veinte años. Según sus declaraciones, ENDE agrupa diez filiales que actualmente proporcionan el 85 por ciento del servicio eléctrico nacional.

El Gobierno indicó que los recursos que genere la empresa no se destinarán al presupuesto central sino que serán repartidos entre las autonomías bajo la política de reparto 50/50. El presidente Paz también vinculó la posibilidad de atraer inversión con la necesidad de consolidar cambios en materia de seguridad jurídica para dar confianza a eventuales inversores.

La propuesta del Ejecutivo incorpora tres hechos concretos y públicos: la constatación presidencial sobre la situación financiera de ENDE; el anuncio formal de auditorías internas por parte de la presidencia de la empresa; y la cifra comunicada oficialmente de que las diez filiales de ENDE suministran aproximadamente el 85 por ciento del servicio eléctrico en Bolivia. Todas estas declaraciones y datos fueron difundidos por el medio que cubrió la visita institucional.

Además, el Gobierno explicitó la intención de proteger la empresa nacional mientras se trabajen cambios que permitan la llegada de inversiones externas, y reiteró que los ingresos generados serán distribuidos entre las autonomías conforme a la política fiscal oficial. Estas afirmaciones constan en la cobertura de la visita y en las declaraciones reproducidas por la prensa.

Relevancia institucional y alcance administrativo documentados

La apertura de una empresa estatal a capital extranjero es una decisión que, según el Ejecutivo, requerirá medidas complementarias de seguridad jurídica y cambios administrativos internos. El anuncio de auditorías internas confirma el inicio de un proceso de revisión que, de acuerdo con lo informado por la presidencia de ENDE, servirá para constatar el estado patrimonial y operativo de la corporación.

La comunicación oficial también precisa que ENDE, por su escala y la estructura de filiales, juega un papel central en el suministro de electricidad. Esa condición institucional es la base factual que el Gobierno utiliza para justificar la propuesta de atraer inversión externa y la reestructuración administrativa anunciada en Cochabamba.

Los hechos constatados en la visita presidencial son claros: el Gobierno declaró que ENDE afronta una situación financiera crítica, la presidencia de la empresa anunció auditorías internas, y la corporación administra diez filiales que cubren gran parte del servicio eléctrico del país. Sobre esa base factual, el Ejecutivo propone abrir la empresa a inversión extranjera y reclama condiciones de seguridad jurídica para facilitar ese proceso. La efectividad de esa iniciativa dependererá del resultado de las auditorías y de las decisiones que adopten los órganos competentes en materia administrativa y legislativa, así como de la capacidad de las autoridades para instrumentar los marcos legales y contractuales que se requieran.