El Servicio de Impuestos Nacionales ha lanzado un nuevo sistema que exige la bancarización de transacciones comerciales superiores a los Bs 50,000. La medida, presentada en los últimos días, tiene como objetivo no solo optimizar el control fiscal, sino también fortalecer la transparencia en las operaciones comerciales y reducir los niveles de informalidad económica en el país. Con este sistema, las personas y empresas deberán reportar electrónicamente los movimientos bancarizados, asegurando así el flujo de información entre los contribuyentes y la administración tributaria.

Este sistema, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, obligará a los contribuyentes a documentar sus transacciones comerciales y a reportarlas de forma directa al SIN. La entidad subrayó que esta normativa aplica a todas las transacciones que involucren montos iguales o superiores a los Bs 50,000, sin importar si se trata de una compra o venta de bienes o servicios. La idea central es fomentar el uso de canales formales de pago y reducir el manejo de dinero en efectivo, un método que favorece la informalidad y dificulta el rastreo de ingresos.

El lanzamiento de esta normativa responde a una tendencia regional y global de bancarización de transacciones como una forma de controlar el flujo de dinero y fortalecer las finanzas públicas. El sistema permitirá no solo la recaudación eficiente de impuestos, sino también la reducción de prácticas fraudulentas, lavado de dinero y evasión fiscal, problemas que impactan de forma directa en la economía boliviana.

Desde el ámbito empresarial, algunos expertos han señalado que este sistema contribuirá a una mayor equidad en la carga fiscal, ya que permitirá identificar con mayor precisión los ingresos de contribuyentes de distintos sectores económicos. “Esta medida permitirá a Bolivia alinearse con estándares de transparencia internacional, mejorando su atractivo para inversiones extranjeras, que valoran mercados formalizados y estables,” afirmó un consultor económico de La Paz.

No obstante, algunos sectores han expresado preocupación ante los posibles desafíos que el sistema podría representar, particularmente para las micro y pequeñas empresas, que suelen operar en efectivo. Por ello, el SIN prevé una etapa de ajuste y asesoría para que los contribuyentes puedan familiarizarse con los nuevos requisitos.