El Gobierno boliviano informó que el consumo interno de diésel disminuyó en cerca de 50 % desde la entrada en vigor del Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los combustibles. Las autoridades atribuyen este descenso a la paralización de actividades ilegales de desvío de carburantes, con efectos visibles sobre la demanda interna y la presión de divisas.

Autoridades reportan caída significativa en el consumo de diésel

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, afirmó en una conferencia de prensa desde Santa Cruz que el consumo de diésel en Bolivia cayó en torno al 50 % desde la aplicación del Decreto Supremo 5503, que entró en vigor a mediados de diciembre de 2025. Medinaceli explicó que se espera que, tras un periodo de ajuste, el consumo se estabilice entre un 30 % y 40 % por debajo de los niveles previos a la medida.

La autoridad atribuyó el descenso a la eliminación de incentivos que fomentaban la salida ilegal de combustibles subvencionados fuera del país, describiendo que la normativa “quitó el negocio a los contrabandistas” y restableció un esquema de precios más alineado con las referencias internacionales.

Política de precios y contexto energético

El Decreto Supremo 5503, promulgado el 17 de diciembre de 2025, ajustó los precios de los combustibles para reflejar márgenes y referencias de mercado internacional, con el objetivo declarado de ordenar el consumo interno, asegurar el abastecimiento y evitar largas filas en estaciones de servicio. La medida implicó incrementos considerables en los precios de distintos carburantes, incluyendo diésel, como parte de un cambio en la política energética que estuvo vigente por más de dos décadas con precios congelados.

La eliminación del subsidio se inscribe en una agenda más amplia de reforma de precios y ordenamiento del mercado de combustibles que, según las autoridades, responde a la insostenibilidad fiscal del esquema anterior y a la necesidad de alinear los precios domésticos con los valores del mercado externo.

Efectos macroeconómicos y mercado de combustibles

El descenso en el consumo de diésel tiene implicaciones directas sobre las importaciones de combustibles, que son una partida significativa en el gasto de divisas de Bolivia. Según declaraciones oficiales, reducir la demanda interna de diésel permite disminuir la necesidad de dólares para importar carburantes, lo que, en teoría, contribuye a aliviar la presión sobre las reservas internacionales y el tipo de cambio oficial.

Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han señalado en análisis regionales que la corrección de distorsiones de precios, como subsidios prolongados, puede impactar favorablemente en la sostenibilidad fiscal y en la asignación de recursos, especialmente cuando se acompaña de mecanismos que protegen a hogares vulnerables. Aunque el enfoque es macroeconómico, la evidencia internacional destaca la importancia de equilibrar ajustes de precios con medidas sociales y productivas.

Contrabando y mercado interno

Antes de la reforma, las autoridades estimaban que el contrabando de combustibles generaba ingresos ilícitos de entre 2 y 3 millones de dólares diarios, una actividad que, según el Gobierno, alimentaba un sistema de corrupción institucionalizado y drenaba recursos del mercado formal. La caída del consumo de diésel, en gran parte atribuida a la desaparición de incentivos para el desvío ilegal, sugiere una corrección en el patrón de consumo que elimina flujos paralelos de carburantes fuera del circuito regulado.

Este ajuste en el mercado de combustibles también se produce en un contexto global donde las economías emergentes enfrentan presiones sobre sus reservas internacionales y balance de pagos, aumentando la importancia de la gestión eficiente de productos energéticos importados.

Implicaciones para la política energética y el desarrollo productivo

La caída en la demanda de diésel y el freno al contrabando redirige el foco de la política energética hacia la eficiencia del mercado interno, la seguridad de abastecimiento y la transparencia en la distribución de carburantes. El ajuste de precios y la eliminación de subsidios han generado un nuevo contexto para actores productivos y consumidores, que deberán adaptarse a niveles de precio más alineados con el mercado internacional.

En economías de América Latina que han realizado ajustes similares, la eliminación de subsidios ha facilitado la asignación de recursos a sectores productivos y ha reducido la necesidad de intervención fiscal en mercados donde las distorsiones eran persistentes.

La significativa reducción del consumo de diésel reportada por el Gobierno boliviano y atribuida al fin del subsidio energéticos representa un cambio estructural en el mercado de combustibles. Más allá del descenso directo en la demanda, la medida aborda una dinámica de mercado informal que había implicado costos fiscales y presiones sobre el tipo de cambio. El desafío para las autoridades radica en consolidar esta corrección sin generar desajustes en la actividad productiva, equilibrando estabilidad macroeconómica con inclusión social y competitividad productiva.