Bolivia ha aplicado más medidas de replanteo de obligaciones crediticias que cualquier otro país latinoamericano, extendiendo reprogramaciones, refinanciamientos y diferimientos legislados que cubren vivienda social y micro y pequeños empresarios, con efectos palpables sobre la dinámica del crédito y la estabilidad socioeconómica.
Bolivia ha implementado el paquete más amplio de medidas de alivio crediticio en América Latina desde la pandemia, con varios decretos supremos y una ley específica que permiten reprogramaciones y diferimientos de pagos de créditos. Estas políticas buscan mitigar la carga financiera de deudores vulnerables, apoyar la actividad productiva y preservar condiciones de liquidez doméstica en un contexto de desafíos macroeconómicos.
Un histórico marco normativo de alivio crediticio
Desde la irrupción del shock económico asociado a la pandemia de Covid-19, varios gobiernos de América Latina adoptaron alivios crediticios con el objetivo de mitigar el deterioro de ingresos y facilitar la continuidad de pagos de hogares y empresas. En Bolivia, la respuesta normativa ha sido particularmente extensa y prolongada.
Según registros oficiales, desde 2020 se han promulgado seis decretos supremos y una ley específica orientados a diferir y reprogramar obligaciones financieras para prestatarios. Entre estas normas figuran decretos que establecieron diferimientos automáticos y condiciones para reprogramar pagos, además de la reciente Ley de Diferimiento de Créditos, sancionada en octubre de 2025 por el Senado y próxima a reglamentarse por el Órgano Ejecutivo.
La Ley de Diferimiento de Créditos, promulgada y proyectada para regularse por decreto supremo en plazos definidos, dispone que las instituciones financieras posterguen el pago de cuotas por un periodo de seis meses a prestatarios de vivienda de interés social y micro y pequeñas unidades económicas, sin incrementar tasas ni penalizaciones por morosidad durante el periodo.
Dinámica y cifras del sistema financiero
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que las operaciones de reprogramación y refinanciamiento se han mantenido en niveles elevados en años recientes, reflejando más de 60 000 operaciones en el último ciclo anual registrado, con un monto total superior a Bs 12 000 millones en reprogramaciones y otros montos similares en refinanciamientos.
Aunque estas cifras muestran la importancia cuantitativa del fenómeno, la ASFI ha señalado que una parte relativamente pequeña de la cartera total (alrededor de 3 %) está vinculada al nuevo esquema de diferimiento legal, lo que sugiere que el impacto directo sobre la totalidad de la cartera crediticia es limitado en términos porcentuales.
Comparación regional de políticas crediticias
En comparación con otros países de la región, como Brasil, Chile o Ecuador, donde los alivios crediticios adoptados estuvieron estrechamente ligados a periodos puntuales de crisis y acuerdos voluntarios entre bancos y prestatarios —con enfoque en garantías o reducción de tasas—, Bolivia ha desplegado un marco de medidas continuado en el tiempo que combina decretos y legislación específica.
Las experiencias en otras economías latinoamericanas, como programas de reestructuración o moratorias enfocadas en sectores específicos durante la pandemia, tenderán a desaparecer o a ser voluntarias, mientras que en Bolivia las medidas han sido obligatorias en ciertos casos y extendidas mediante ley, una distinción significativa.
Implicaciones para la economía boliviana
Las extensas medidas de alivio crediticio en Bolivia tienen implicaciones económicas relevantes. En primer lugar, las reprogramaciones y diferimientos contribuyen a preservar el flujo de ingresos de hogares y microempresas, evitando embargos u otras medidas de ejecución durante periodos de estrés financiero. Esto puede ayudar a mantener la demanda interna y reducir el riesgo de cesación de pagos en sectores productivos fundamentales.
En segundo lugar, estas acciones normativas interactúan con políticas fiscales más amplias, como ajustes de gasto y búsqueda de financiamiento multilateral, en un contexto donde el país enfrenta desafíos de escasez de divisas, déficit fiscal y presión sobre reservas externas.
No obstante, desde el sector financiero se ha advertido que la prolongación de esquemas de alivio puede influir en indicadores de cartera en mora y en la percepción de riesgo del sistema financiero, lo que puede impactar la liquidez y la capacidad de las entidades para otorgar nuevos créditos si no se acompaña de una gestión prudente del riesgo y de condiciones económicas más favorables.
Relevancia para mercados y confianza empresarial
La existencia de un marco de alivio crediticio amplio en Bolivia también es un elemento a considerar por inversionistas y agencias calificadoras de riesgo. Las medidas pueden moderar la volatilidad en consumo y producción en el corto plazo, pero también requieren una lectura cuidadosa sobre el comportamiento de los balances bancarios y las expectativas de recuperación de créditos. Analistas globales de riesgos sostienen que políticas de reprogramación deben equilibrarse con políticas de fortalecimiento institucional y condiciones macroeconómicas estables para apoyar la confianza en el mercado.
El esquema de alivio crediticio boliviano se distingue por su continuidad y amplitud normativa en comparación con otras experiencias regionales. Más allá de sus efectos inmediatos sobre el flujo de pagos de familias y microempresas, estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de gestión de riesgos macrofinancieros en un contexto de desafíos económicos profundos. La clave para que estos instrumentos aporten sostenibilidad económica radica en su integración con políticas fiscales y monetarias robustas, así como con programas de inclusión financiera que promuevan la eficiencia del crédito sin comprometer la estabilidad del sistema financiero.
