Las dificultades de liquidez en estaciones de servicio muestran los costos fiscales y operativos del actual esquema de combustibles, con impactos en abastecimiento, finanzas públicas y confianza económica.
La imposición de límites en la venta de combustibles en estaciones de servicio volvió a poner en evidencia fragilidades financieras en la cadena de distribución boliviana. La alerta de Asosur sobre riesgos de insolvencia refleja tensiones estructurales en el esquema de precios, subsidios y abastecimiento, con implicaciones macroeconómicas relevantes.
Un problema operativo con raíces macroeconómicas
La decisión de limitar la venta de combustibles en surtidores, reportada por la Asociación Nacional de Surtidores y Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur), responde a crecientes dificultades financieras en el sector. De acuerdo con el gremio, los retrasos en pagos y la brecha entre costos reales y precios regulados están erosionando la sostenibilidad operativa de muchas estaciones, elevando el riesgo de interrupciones en el abastecimiento.
Subsidios, liquidez y presión fiscal
El sistema de subsidios a los combustibles ha sido históricamente un pilar de la política económica boliviana. Sin embargo, en un contexto de mayores restricciones fiscales y menor holgura externa, este esquema genera tensiones crecientes. Analistas citados por Reuters y Bloomberg han señalado que los subsidios energéticos, cuando no se ajustan a condiciones de mercado, tienden a trasladar presiones financieras hacia intermediarios y al Estado, afectando la liquidez del sistema y elevando costos fiscales implícitos.
En Bolivia, el diferencial entre el precio interno y el costo de importación de combustibles se amplió en los últimos años, aumentando la carga sobre las finanzas públicas y la cadena de pagos del sector hidrocarburos.
Impacto económico y riesgos para la actividad productiva
Las restricciones en la venta de combustibles tienen efectos que trascienden al sector energético. El abastecimiento regular es un insumo crítico para transporte, logística, agroindustria y comercio, por lo que cualquier disrupción puede generar costos adicionales en la economía. En América Latina, episodios similares han derivado en presiones inflacionarias indirectas y en una menor previsibilidad para la actividad productiva, según análisis comparativos de la CEPAL y The Economist.
Señales al mercado y percepción de riesgo
La advertencia de insolvencia financiera en estaciones de servicio también envía señales al mercado sobre la necesidad de revisar la gobernanza del sector energético. Para inversionistas y agentes económicos, la sostenibilidad del esquema de precios y subsidios es un factor clave en la evaluación de riesgo país y estabilidad regulatoria. Bloomberg ha destacado que los mercados suelen reaccionar negativamente cuando los desequilibrios en sectores estratégicos se prolongan sin ajustes claros.
Varios países de la región avanzaron en los últimos años hacia esquemas de subsidios más focalizados o ajustes graduales de precios para reducir distorsiones. Si bien cada economía enfrenta realidades distintas, la experiencia regional muestra que la transparencia fiscal y la previsibilidad regulatoria son determinantes para evitar crisis de abastecimiento y fortalecer la confianza económica.
La situación de los surtidores en Bolivia refleja un desafío estructural más amplio: conciliar estabilidad social, sostenibilidad fiscal y viabilidad económica en un sector estratégico. Más que un problema coyuntural, las restricciones actuales subrayan la necesidad de revisar mecanismos de precios, pagos y subsidios con criterios técnicos. Un abordaje integral podría reducir tensiones financieras, mejorar la eficiencia del sistema y fortalecer la credibilidad económica del país.





