La Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de Ley N.º 547/2024-2025 conocido como Ley de Suspensión Temporal de Embargos y Diferimiento de Créditos, y asociaciones bancarias y de microfinanzas alertaron que la norma reducirá la liquidez del sistema financiero y limitará su capacidad para otorgar nuevos créditos a hogares, microempresas y pymes.
Qué establece la norma y quiénes la impulsaron
El proyecto aprobado introduce medidas excepcionales de suspensión temporal de embargos y diferimiento del pago de cuotas de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a unidades económicas micro y pequeñas, aplicables por un plazo definido en la ley. La iniciativa fue tramitada por la Asamblea Legislativa en sus dos cámaras; el texto original fue elaborado como respuesta a demandas de grupos de prestatarios y devoluciones en su tramitación incluyeron modificaciones discutidas entre cámaras.
Reacción del sistema financiero: señales concretas de riesgo de liquidez
Las tres principales asociaciones del sistema financiero en Bolivia, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), la Asociación de Instituciones Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN) y la Asociación de Instituciones de Desarrollo Financieras emitieron comunicados conjuntos advirtiendo que la aplicación de un diferimiento generalizado, sin mecanismos compensatorios ni análisis individualizado de prestatarios, reducirá la liquidez de las entidades y afectará su capacidad de seguir colocando créditos a familias y empresas. Estas organizaciones señalaron que la medida, tal como fue aprobada, podría debilitar la estabilidad del sistema y la confianza pública.
Un análisis publicado por Bloomberg Law recoge una estimación del propio sector privado que cuantifica el riesgo de liquidez en torno a 2.600 millones de dólares si el diferimiento se aplicara de forma amplia, cifra que fue atribuida a cálculos difundidos por la banca privada.
Efectos operativos inmediatos y canales de transmisión macroeconómica
Cuando las entidades financieras deben postergar cobros de cartera sin mecanismos de compensación, los flujos de caja de bancos y financieras se reducen. Menores entradas de efectivo obligan a las entidades a retener fondos, limitar nuevas colocaciones o buscar fuentes alternativas de fondeo. En un escenario agregado, la contracción del crédito puede traducirse, a su vez, en menor consumo e inversión de pequeñas empresas, con impacto directo sobre la actividad económica.
En Bolivia, este riesgo se añade a un contexto macroeconómico con restricciones de divisas y presión fiscal que han sido señalados por organismos multilaterales. La capacidad del sistema bancario para absorber shocks depende, además, de la calidad de cartera, de la cobertura de provisiones y de los accesos a líneas de liquidez, tanto internas como externas.
Medidas regulatorias y respuesta del Banco Central
El Banco Central de Bolivia (BCB) ha mantenido en 2025 medidas orientadas a impulsar el crédito productivo y optimizar la liquidez del sistema, incluyendo fondos y facilidades que amplían el horizonte de financiamiento para la banca en sectores prioritarios. No obstante, las asociaciones financieras sostienen que esas herramientas no compensan íntegramente el efecto de un diferimiento masivo de cuotas, pues la mecánica de vencimientos y previsiones contables altera la capacidad de intermediación.
La interacción entre una posible normativa de diferimiento y la acción del BCB será decisiva para determinar si el impacto se concentra en periodos cortos o deriva en una contracción más sostenida del crédito.
La aprobación de la Ley de Diferimiento de Créditos responde a una preocupación social real: otorgar alivio temporal a prestatarios vulnerables. Sin embargo, la evidencia reunida por el sistema financiero y reportada por medios especializados muestra que una instrumentación amplia y sin compensaciones implicará costos macroeconómicos palpables en términos de liquidez y crédito. Para mitigar riesgos, las autoridades deberían precisar mecanismos compensatorios, plazos y criterios de focalización, y articularlos con medidas del Banco Central que ofrezcan liquidez contingente condicionada a objetivos productivos. La política pública eficaz debe equilibrar protección social y mantenimiento de la intermediación financiera: sin crédito disponible, la recuperación de la actividad económica y la capacidad de los hogares para volver a la normalidad financiera estarán comprometidas.
