Bolivia enfrenta una situación alarmante en su sector agrícola. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) reportó que solo el 20% de las tierras destinadas a la siembra de verano han sido cultivadas hasta noviembre, debido a la escasez de diésel. Si esta tendencia persiste, el país podría enfrentar un colapso en su producción agrícola para 2025, con graves repercusiones económicas y sociales.

La CAO ha lanzado una dura advertencia al gobierno: «Si no se resuelve este problema antes de enero de 2025, el panorama será desastroso». Según la organización, la falta de diésel no solo está afectando la siembra de cultivos esenciales como maíz, soya y sorgo, sino que también amenaza la estabilidad de una cadena productiva que emplea a miles de bolivianos y genera importantes ingresos por exportaciones.

Actualmente, el país necesita al menos 200 millones de litros de diésel para satisfacer las demandas del sector agrícola en la campaña de verano. Sin embargo, los productores han denunciado la insuficiencia del suministro, lo que ha paralizado maquinarias agrícolas y ha incrementado los costos operativos. Jaime Hernández, representante de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, destacó que los retrasos en la cosecha y siembra de cultivos clave podrían traducirse en pérdidas superiores a 400 millones de dólares solo en esta campaña.

Además, el impacto no se limita al ámbito económico. Según la CAO, la falta de cultivos afectará directamente la seguridad alimentaria de Bolivia. Cultivos básicos como trigo y arroz también enfrentan riesgos, lo que podría derivar en un aumento significativo en los precios de productos esenciales para los consumidores.

Organizaciones agrícolas han propuesto al gobierno medidas como la implementación de una cadena mixta de distribución de combustible que garantice el acceso continuo al diésel. Sin embargo, hasta ahora no se han concretado soluciones efectivas. De no tomarse acciones inmediatas, el país enfrentará una crisis multifacética, con impacto en la seguridad alimentaria, el empleo y la generación de divisas. La CAO y otros actores del sector agrícola instan al gobierno a priorizar este tema crítico y a establecer políticas que permitan garantizar la sostenibilidad del sector productivo.