El Gobierno de Bolivia reafirmó su compromiso de mantener la subvención a los combustibles en el Presupuesto General del Estado 2025, asignando cerca de $us 56 millones por semana para este fin. Esta política busca preservar la estabilidad económica y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, particularmente en sectores vulnerables. Sin embargo, el alto costo de esta medida plantea interrogantes sobre su sostenibilidad en el mediano plazo.

Según datos oficiales, el gasto anual destinado a la subvención representa aproximadamente $us 2.900 millones, cifra que equivale al 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta política tiene como objetivo amortiguar el impacto de los precios internacionales de los hidrocarburos, evitando alzas que podrían desatar una escalada inflacionaria. Las autoridades aseguran que, a pesar de las críticas, la subvención es una herramienta clave para evitar mayores desigualdades económicas y fomentar la producción nacional mediante la sustitución de importaciones de combustibles.

El desafío de la industrialización y la lucha contra el contrabando

El Gobierno anunció inversiones en proyectos como plantas de biodiésel y etanol, que buscan reducir la dependencia de las importaciones. Estas iniciativas están alineadas con la estrategia de industrialización que promete ahorrar divisas y generar empleo en sectores estratégicos del país.

No obstante, expertos advierten que las subvenciones también contribuyen a problemas como el contrabando y el uso ilícito de carburantes, lo que genera pérdidas significativas al Estado. Según economistas, la sobredemanda de combustibles subvencionados podría estar inflada hasta en un 30% debido a estas actividades ilícitas, lo que resalta la necesidad de implementar controles más estrictos.

Aunque la política de subsidios sigue siendo popular entre la población, las autoridades reconocen que su costo es cada vez más difícil de sostener. Algunos analistas sugieren que, en el futuro, podría ser necesario replantear este modelo, incorporando medidas que garanticen tanto la estabilidad social como la sostenibilidad económica. La estabilidad en los precios de los combustibles es un factor crucial para planificar inversiones y mantener costos competitivos. Sin embargo, será clave monitorear cómo el país maneja los retos económicos asociados con esta política y sus posibles implicancias en el mercado interno y externo