La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz, mediante fallo emitido del 25 de septiembre, rechazó la Acción Popular contra el uso de la biotecnología en la agroindustria, informó el gerente de Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. «Con este fallo, se abre la posibilidad de que el Comité Nacional de Bioseguridad pueda avanzar
La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz, mediante fallo emitido del 25 de septiembre, rechazó la Acción Popular contra el uso de la biotecnología en la agroindustria, informó el gerente de Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
«Con este fallo, se abre la posibilidad de que el Comité Nacional de Bioseguridad pueda avanzar en un procedimiento abreviado para la futura autorización de nuevos eventos biotecnológicos para el agro», destacó Rodríguez.
Destacó que el fallo responde a la fundamentación científica respecto de la inocuidad de los alimentos transgénicos y la posibilidad de avanzar en la optimización de la agroindustria, las exportaciones y la suficiente producción de alimentos para el consumo interno.
«Se ha logrado que se niegue la Acción Popular que pretendía afectar severamente el funcionamiento el modelo productivo cruceño, para todo el país y para todo agroproductor que se asienta en estas tierras», agregó.
En julio pasado la organización de activistas Asamblea por los Bosques y la Vida (ABV), objetó los decretos referidos a la vigencia de la Ley 1098/2018, sobre el uso de aditivos de origen vegetal y al Decreto 3874/2019, asociada a la producción agrícola para la producción de biodiesel. La normativa aprobada amplía el uso semillas modificadas de maíz caña de azúcar, algodón, trigo y soya, en sus diferentes eventos, destinados tanto al abastecimiento del consumo interno y para las exportaciones, así como la producción del biodiesel.
La agroproducción nacional registra una exportación de más de dos millones de toneladas de granos por año, lo que se traduce en el 75% de las exportaciones, aportando con el ingreso de 1.000 millones de dólares para el Estado.
«Se hizo justicia y a partir de ahora se puede trabajar en un desarrollo armónico que viven en esta región, pero que además tienen el derecho humano al trabajo con ciencia y tecnología», dijo Rodríguez.
Fuente: ABI