La paralización impacta a productores, empleados y mercados locales, agravando la crisis sectorial
El cierre de varios ingenios arroceros en el norte y este de Bolivia está generando serias repercusiones económicas y sociales, dejando a miles de familias afectadas y poniendo en jaque la producción arrocera del país.
La industria arrocera boliviana enfrenta uno de sus peores momentos tras el anuncio del cierre de ingenios en regiones clave como Santa Cruz y el Beni. Esta medida, atribuida a problemas financieros, la falta de incentivos gubernamentales y las dificultades para competir con el arroz importado, ha dejado a miles de trabajadores y agricultores en una situación crítica.
Según los productores locales, la principal causa del colapso es el ingreso masivo de arroz extranjero a precios más bajos, lo que ha reducido drásticamente la demanda del producto nacional. “Estamos perdiendo nuestra fuente de ingreso. Producir arroz en estas condiciones no es viable”, afirmó un agricultor de la región de Yapacaní, una de las zonas más afectadas.
Los ingenios, que se encargan de procesar el arroz para su distribución en el mercado interno, también enfrentan altos costos operativos y dificultades para acceder a financiamiento. Como resultado, muchos han optado por paralizar sus actividades, dejando a cientos de trabajadores sin empleo. La situación también ha golpeado a transportistas y pequeños comerciantes que dependían de esta cadena productiva.
Economistas advierten que este escenario podría generar un aumento en los precios del arroz a corto plazo, afectando a consumidores de todo el país. Además, el cierre de los ingenios representa una pérdida significativa para la economía regional, que depende en gran medida de la actividad agroindustrial. “Es necesario implementar políticas públicas que protejan a los productores nacionales y regulen las importaciones para evitar el colapso total del sector”, señaló un analista económico en Santa Cruz. Entre las posibles soluciones planteadas está la creación de subsidios para productores locales y la promoción de acuerdos comerciales que beneficien al sector arrocero.