Demanda del sector y situación vigente

Empresarios agrupados en la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO) advirtieron públicamente al Gobierno central que la falta de seguridad jurídica derivada de la demora en promulgar el decreto de ajuste de precios de materiales está llevando al sector a una situación crítica. Según sus dirigentes, la norma debía entrar en vigor hace casi dos meses, pero sigue pendiente, generando incertidumbre para cumplir contratos vigentes o presentarse a nuevas licitaciones.

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) confirmó que el sector permanece en emergencia debido al encarecimiento de al menos seis insumos clave para la construcción, así como a deudas de entidades subnacionales que superan Bs 1.000 millones, según estimaciones de las propias empresas.

Impacto económico en la actividad sectorial

La construcción es un sector con efecto multiplicador elevado en la economía, tanto por su impacto directo en empleo como por su rol en la demanda de insumos y servicios de múltiples ramas productivas. La falta de un mecanismo que ajuste precios conforme a variaciones de costos  reduce la viabilidad financiera de los contratos públicos y privados, lo que, a su vez, puede traducirse en una desaceleración de la inversión pública, menor dinamismo del empleo formal y caída de ingresos asociados a la cadena de valor constructiva.

La experiencia de 2025 mostró que incrementos de costos tras la eliminación de subsidios a combustibles y tensiones en la disponibilidad de insumos llevó a paralización de obras, según reportes gremiales de La Paz, que describieron interrupciones de hasta el 100 % de los proyectos ante subidas de precios imprevistas.

Seguridad jurídica, clima de inversión y percepción de riesgo

La incertidumbre contractual  puede influir negativamente en la percepción de riesgo de inversionistas tanto internos como externos. En mercados emergentes, la garantía de mecanismos de ajuste de precios es un factor clave para la calificación de contratos a largo plazo, particularmente en proyectos de infraestructura pública, que dependen de financiamiento estatal o crédito ligado a proyectos.

Sin un decreto que actualice los precios de los materiales de construcción, las empresas enfrentan un desequilibrio económico contractual que, de persistir, puede elevar el costo financiero de proyectos y condicionar la participación de capital privado en licitaciones futuras, con efecto directo sobre la inversión y el empleo sectorial.

Implicaciones fiscales y balanza de pagos

Las obras públicas y privadas demandan importación de insumos que, en ausencia de mecanismos de ajuste de precios, pueden desincentivar la ejecución de proyectos en un contexto de escasez de divisas y presión sobre los precios relativos. Sin una actualización de costos acorde con la evolución de mercados internacionales y condiciones locales, los contratistas afrontan un deterioro de márgenes, lo que repercute en menores ingresos tributarios derivados de la actividad sectorial y puede presionar el presupuesto público en caso de que el Estado deba intervenir compensando desequilibrios.

La solicitud urgente del sector constructor para la aprobación del decreto de ajuste de precios de materiales es un indicador de tensiones estructurales en la economía boliviana. Más allá de la empresa privada, la falta de un marco de reajuste impacta la ejecución de inversiones públicas, la generación de empleo formal y la confianza de mercados en la estabilidad contractual del país. Para sostener la competitividad y evitar una contracción más profunda de la actividad constructiva, resulta esencial que las autoridades económicas definan con celeridad una normativa que proporcione seguridad jurídica y refleje las condiciones reales de costos de insumos, tanto importados como nacionales.