Autoridades del gobierno boliviano y representantes del sistema financiero acordaron la implementación de un plan de alivio crediticio responsable, respaldado por la reglamentación del Decreto Supremo 5503, con el objetivo de facilitar opciones de diferimiento y reprogramación de créditos sin poner en riesgo la solvencia del sistema financiero nacional y apoyando a prestatarios vulnerables.

En las últimas semanas, el Gobierno nacional avanzó en consolidar acuerdos con entidades del sistema financiero boliviano para implementar alivios crediticios contemplados en el Decreto Supremo 5503. La normativa, publicada en diciembre de 2025, incluye un régimen específico que permite a prestatarios, a solicitud expresa,  diferir pagos de créditos de vivienda de interés social y micro y pequeñas unidades productivas hasta por seis meses, con devengo de intereses corrientes y sin penalizaciones adicionales.

El pacto con la banca privada y cooperativas financieras se produce tras meses de debate público y legislativo sobre la necesidad de una acción coordinada para dar sostenibilidad al crédito y aliviar presiones financieras sobre sectores vulnerables de la economía.

Estructura del alivio crediticio

La aplicación del régimen de protección financiera del Decreto 5503 se apoya en principios de responsabilidad crediticia y gestión de riesgos. Según el texto del decreto, las medidas buscan proteger al consumidor financiero, evitar el sobreendeudamiento y contribuir a la estabilidad del sistema financiero nacional.

La obligatoriedad de presentar una solicitud expresa para acogerse al diferimiento y la continuidad del devengo de intereses corrientes muestran que las medidas están diseñadas para equilibrar las necesidades de los prestatarios y la liquidez de las entidades financieras, mitigando fricciones contractuales y fortaleciendo la confianza de los mercados internos.

Papel de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

La ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) ha resaltado la importancia de un marco regulatorio sólido para que este tipo de medidas funcionen sin poner en riesgo la solvencia del sistema financiero. El crecimiento de créditos y depósitos observado durante 2025, con incrementos de 5,2% y 3,1% hasta abril respectivamente, indica que el mercado crediticio continúa siendo un pilar del dinamismo económico boliviano.

La ASFI y asociaciones financieras han señalado que las normas de alivio crediticio se aplicarán de forma coordinada con las disposiciones legales y reglamentarias actuales, manteniendo un equilibrio entre soporte al prestatario y prudencia financiera.

Integración y respuesta del sector financiero

Después de cierta resistencia inicial por parte de algunos sectores del sistema financiero, la banca privada, microfinancieras y cooperativas acordaron aplicar las medidas de alivio contempladas en el Decreto Supremo 5503 y en la Ley 1670, transformando un debate de política pública en un plan operativo en apoyo a prestatarios.

Este consenso responde a un contexto donde la banca mantiene una posición de liquidez significativa, lo que ha permitido acomodar estas medidas sin comprometer su capacidad de otorgar créditos.

Comparación regional y señales a inversionistas

En América Latina, experiencias de alivio crediticio y moratorias se observaron durante crisis previas, como la pandemia de COVID-19, con programas transitorios en varios países. Sin embargo, el enfoque boliviano caracteriza una implementación más prolongada y estructurada, integrando criterios regulatorios explícitos para proteger la estabilidad financiera sin generar distorsiones contractuales.

La coordinación entre gobierno y sector privado en torno a esta política también puede enviar señales favorables a inversionistas sobre la capacidad institucional de Bolivia para gestionar choques económicos preservando fundamentos macroeconómicos y la confianza en el sistema financiero.

La consolidación de acuerdos entre el Gobierno y el sistema financiero para aplicar un alivio crediticio responsable refleja un enfoque pragmático y jurídico para atender tensiones económicas sin comprometer la estabilidad financiera. La regulación del diferimiento de créditos y la cooperación de las entidades financieras muestran que mecanismos de política pública pueden ser ejecutados con criterios técnicos que balanceen la protección del prestatario con la solvencia bancaria. Este esquema contribuye a reforzar la confianza en el sistema financiero y puede servir como plataforma para fortalecer la inclusión financiera en el mediano plazo, siempre dentro de un marco de supervisión robusto.