El gobierno boliviano ha anunciado la reducción de los subsidios a los combustibles, una política que ha sido fundamental en su estrategia económica durante las últimas décadas. Esta decisión se produce en medio de una creciente crisis económica caracterizada por la escasez de divisas y un aumento significativo de la inflación.

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, declaró que los subsidios se limitarán inicialmente para la minería de oro y la agroindustria, y posteriormente se extenderán a otros sectores productivos, manteniendo los precios reducidos para los consumidores comunes. Gallardo enfatizó la falta de efectivo como el principal obstáculo para mantener los subsidios actuales, destacando la dificultad en la obtención de divisas necesarias para pagar a los proveedores.

Esta medida responde a las largas filas observadas en las estaciones de servicio de todo el país, evidenciando las dificultades de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para satisfacer la demanda. La inflación anual alcanzó el 13% en febrero, el nivel más alto en varias décadas, y se espera que continúe en ascenso.

Impacto en las reservas internacionales y la inflación

En 2024, Bolivia destinó aproximadamente US$2.000 millones a subsidios de combustibles, a pesar de que el Banco Central enfrenta una escasez de dólares que le ha impedido mantener la paridad con el dólar estadounidense. La disminución de las exportaciones de gas ha reducido significativamente el ingreso de divisas, agotando las reservas de dólares y oro del país.

Para evitar el desvío de combustibles hacia el contrabando u otros usos no autorizados, el gobierno ha decidido militarizar toda la cadena de distribución de combustibles. El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, señaló que Bolivia enfrenta una acumulación de pagos de préstamos este mes, lo que complica aún más la financiación de las importaciones de combustibles.

Reacciones y perspectivas 

La reducción de subsidios ha generado preocupación entre los empresarios y consumidores. La Cámara Nacional de Industrias expresó su inquietud por el impacto en los costos de producción y la competitividad de las empresas nacionales. Por su parte, los sindicatos de transportistas temen que el aumento en los precios de los combustibles afecte sus márgenes de ganancia y provoque incrementos en las tarifas de transporte.

Economistas locales advierten que, aunque la medida es necesaria para aliviar la presión sobre las reservas internacionales, podría tener efectos inflacionarios a corto plazo y afectar el crecimiento económico. Sin embargo, también reconocen que la eliminación gradual de subsidios puede incentivar un uso más eficiente de los recursos energéticos y fomentar inversiones en energías alternativas. El gobierno enfrenta el desafío de implementar políticas complementarias que mitiguen el impacto negativo en los sectores más vulnerables y promuevan una transición hacia una economía más sostenible y menos dependiente de los subsidios estatales.