El Gobierno ha decidido priorizar la entrega de diésel al sector agropecuario durante la campaña de invierno, entregando 20 de los 70 millones de litros necesarios para mantener la fertilidad de suelos, riego y transporte en zonas como Beni y Santa Cruz.

Distribución parcial y retos financieros

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, junto a YPFB, coordinan la provisión del combustible, aunque reconocen que los actuales volúmenes aún están por debajo de lo que requiere el sector . Según Yamil Flores, ministro del área, se han entregado 20 millones de litros, pero faltan 50 millones para cubrir la demanda planteada por los productores.

La entrega no ha sido uniforme, provocando que el transporte pesado, el riego y el movimiento de insumos sigan afectados. El riesgo de repunte en los costos operativos y una posible interrupción en la producción afecta tanto al suministro interno como a la estabilidad de precios.

Impacto directo en cultivos clave y seguridad alimentaria

Los arroceros, que proyectan sembrar unas 150.000 hectáreas en Beni y Santa Cruz, estiman que serán necesarios al menos 27 millones de litros para cumplir las labores . La representante Ana Isabel Ortiz advirtió que sin diésel «dramáticos momentos» pueden llevar a pérdidas masivas e incluso a la necesidad de importar arroz, lo que impactaría las finanzas públicas y los precios al consumidor.

En paralelo, productores de caña y otros cereales reclaman aumento de cupos. Las demoras en la importación vinculadas a la demora en aprobación de créditos externos han limitado la capacidad de YPFB para adquirir volúmenes adicionales de combustible.

Presión logística y costos operativos

La escasa disponibilidad de diésel obliga a los transportistas a enfrentar largas filas, horarios interrumpidos y, en muchos casos, a replantear rutas o posponer entregas. Esto encarece el transporte interdepartamental e incrementa el costo logístico de los insumos agrícolas, contrarrestando la rentabilidad del sector.

Esta presión también se traduce en menor eficiencia en los sistemas de riego y en un posible alza de los precios de bienes agrícolas en los mercados nacionales, afectando la canasta familiar. Si bien la distribución de 20 millones de litros brinda cierto alivio, la brecha aún abierta exige soluciones rápidas. El Gobierno y los productores coinciden en que es necesario cerrar la brecha restante de 50 millones de litros antes de que los cultivos ingresen en su fase crítica de crecimiento.

Por su parte, los usuarios y gremios piden garantías de abastecimiento permanente e intermitencias en los subsidios. Sin un diésel oportuno, las pérdidas económicas podrían replicar las registradas en 2024 y complicar la sustentabilidad del agro boliviano en el presente ciclo.

El éxito de la campaña de invierno dependerá de la capacidad de provisión continua de diésel. Asegurar el flujo completo de los 70 millones de litros es prioritario no solo para la productividad agrícola, sino también para mantener la estabilidad de precios y proteger las finanzas públicas. El desafío está en cerrar la brecha logística para evitar que el campo se convierta en el eslabón débil de la economía nacional.