El reciente anuncio del Gobierno boliviano sobre el incremento del 5% al haber básico y del 10% al salario mínimo nacional ha generado preocupación entre representantes del sector empresarial, quienes consideran que esta decisión podría incentivar la informalidad laboral, debilitar la competitividad de las empresas y reducir el atractivo para futuras inversiones.

Diversas cámaras empresariales han manifestado su desacuerdo con el aumento salarial decretado para la gestión 2025. El reclamo central radica en que la medida fue definida sin consenso ni participación del sector privado, lo que para los gremios representa una señal de incertidumbre para los negocios formales. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha señalado que el incremento podría presionar los costos laborales, especialmente en un contexto económico donde muchas pequeñas y medianas empresas aún enfrentan desafíos tras años de desaceleración y escasez de dólares.

Riesgo de mayor informalidad laboral

Uno de los puntos más críticos señalados por el sector privado es el riesgo de un crecimiento en la informalidad laboral. De acuerdo con estimaciones anteriores del INE y organismos multilaterales, más del 80% de la fuerza laboral en Bolivia ya se encuentra en el sector informal, fuera del sistema de aportes y sin acceso a derechos laborales plenos.

Empresarios de Santa Cruz y La Paz coinciden en que medidas unilaterales, como el aumento de salarios sin un análisis técnico del contexto económico y de productividad, podrían agravar esta tendencia, dificultando aún más la generación de empleos formales y sostenibles.

Clima de inversión y competitividad en juego

Además de la informalidad, los empresarios advierten que decisiones de este tipo —sin diálogo tripartito entre Gobierno, trabajadores y empleadores— pueden afectar negativamente la percepción de Bolivia como destino de inversión. En un escenario regional competitivo, sostienen, se requieren señales de previsibilidad y fomento a la productividad para atraer capital y fomentar nuevas iniciativas empresariales.

Frente al panorama actual, los principales gremios reiteraron su pedido al Gobierno para abrir espacios de diálogo técnico que permitan definir políticas salariales equilibradas, basadas en datos sobre productividad y crecimiento económico. El objetivo, insisten, debe ser proteger el poder adquisitivo sin perjudicar la formalización laboral ni el desarrollo de la empresa privada.