El ministro de Desarrollo Rural advierte que permitir la libre exportación de productos básicos podría afectar el abastecimiento interno. La tensión revela un punto crítico para la política agropecuaria y la seguridad alimentaria en Bolivia.
Gobierno advierte sobre la liberalización alimentaria
El ministro Yamil Flores declaró que la adopción de una política de libre exportación de alimentos, sin restricciones previas, puede poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Flores afirmó que liberar productos como arroz, maíz y soya podría reducir la disponibilidad interna y obligar incluso a importar aquellos bienes que hoy Bolivia produce con autosuficiencia.
Según los datos difundidos por su despacho, en los últimos años el gobierno alcanzó autosuficiencia en varios rubros agrícolas y logró un incremento del 270 % en la exportación de frutos amazónicos como cacao y asai. Además, se considera que los programas estatales beneficiaron a cerca de un millón de pequeños y medianos productores distribuidos en los diferentes departamentos del país.
Flores también defendió la existencia del Ministerio de Desarrollo Rural, argumentando que su eliminación afectaría directamente a las familias campesinas y a los programas agrícolas que sostienen los cultivos de la canasta básica alimentaria.
Impacto económico y posibles escenarios
La eventual liberalización de exportaciones de alimentos plantea efectos directos sobre la economía productiva y el consumo nacional. Si la demanda externa absorbe una parte significativa de la oferta local, los precios internos podrían subir, afectando a los consumidores, especialmente los segmentos de menores ingresos. En países con estructuras agrarias similares, exportaciones desreguladas generaron reconfiguraciones en la producción local y mayores costos logísticos domésticos.
Por otro lado, una liberalización efectiva y bien regulada podría aumentar los ingresos del sector agrícola, generar divisas adicionales y mejorar los incentivos para inversión en productividad, tecnología y cadenas agroindustriales de valor agregado. Sin embargo, para que esos beneficios se concreten, debe existir coordinación entre políticas fiscales, monetarias, infraestructura de transporte y controles regulatorios que salvaguarden el abastecimiento interno.
En el ámbito externo, Bolivia se encuentra compitiendo con grandes exportadores agrícolas del mundo. En ese contexto, una apertura sin respaldo institucional puede llevar a que la producción local se amortigüe frente a competidores con economías de escala, subsidios, mejores logística y financiamiento accesible.
Hacia un equilibrio estratégico
El desafío para Bolivia es encontrar un balance que permita exportar sin “desangrar” el mercado interno. La política agrícola y comercial futura deberá combinar mecanismos de contingencia, como reservas estratégicas o cuotas mínimas, con estímulos a la productividad, trazabilidad, mejoramiento genético y consolidación de mercados externos.
La próxima administración tendrá la responsabilidad de definir un modelo en el que la liberalización no se convierta en desabastecimiento. Para lograrlo, será clave diseñar políticas coherentes que vinculen producción, logística, financiamiento y regulación comercial. En última instancia, la eficacia de esta transición dependerá de la capacidad institucional para administrar los riesgos que el propio ministro hoy advierte.
