Un acuerdo operativo entre Estado y campo que parte de demandas concretas

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Industrias en La Paz y reunió a autoridades del Gobierno y delegaciones de los principales gremios productivos del país, incluidos ganaderos del oriente, productores de camélidos del occidente, soyeros, cafetaleros, avícolas, arroceros y productores de miel, cacao, cítricos y bananos. El ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que el Gobierno trabajará de forma coordinada con el sector privado para garantizar la seguridad alimentaria, promover exportaciones y aplicar medidas operativas para enfrentar la crisis económica. El ministro de Trabajo, Édgar Morales Mamani, también participó en la cita.

Los productores presentaron cuatro pedidos específicos que sirvieron de base al acuerdo. Primero solicitaron seguridad jurídica para atraer inversiones y dotar de reglas claras al sector. Segundo exigieron la institucionalización plena del Senasag con el objetivo de contar con un servicio sanitario funcional y transparente que integre la cadena productiva. Tercero demandaron la garantía del libre tránsito en carreteras y caminos, en atención al impacto de bloqueos sobre la logística de comercialización. Cuarto pidieron la revisión de la lista de sustancias controladas para excluir carburantes como el diésel, la gasolina y el querosén, así como insumos como la cal y el etanol, por considerarlos indispensables para la actividad agropecuaria. Estas demandas fueron expuestas y formalmente valoradas en la reunión.

Impacto económico inmediato

En la reunión se recordó que el sector productivo nacional puede reaccionar con rapidez ante problemas operativos cuando se le otorgan reglas claras; esa afirmación se sustentó en el llamado público a garantizar la producción de alimentos y facilitar las exportaciones. Las intervenciones citaron datos de bloqueos recientes y su efecto sobre la actividad económica: según una referencia incluida en la sesión, el año anterior se registraron más de 200 días de bloqueos y, en palabras de uno de los participantes, cada día de bloqueo habría generado una pérdida aproximada de 13 millones de dólares para la industria.

La agenda acordada incluye medidas administrativas y normativas que, de implementarse, modifican el entorno operativo del agro y la industria alimentaria. Entre los puntos tratados figuran revisiones a procedimientos de verificación de la función económica y social de la tierra, mecanismos para garantizar el suministro de insumos estratégicos, y pasos para fortalecer la institucionalidad sanitaria. Todos estos elementos fueron documentados en actas y declaraciones durante el encuentro.

Relevancia nacional y vinculaciones internacionales registradas en el diálogo

La coordinación entre el Gobierno y el sector productivo adquiere relevancia en un contexto en el que la producción agropecuaria es un componente esencial de la seguridad alimentaria y de las exportaciones del país. En la reunión se puso especial énfasis en la necesidad de abrir oportunidades para exportar y de ofrecer reglas estables que permitan atraer inversiones productivas. Estas prioridades concordaron con las demandas de gremios y cámaras presentes, que representaron a regiones y cadenas productivas diversas. Todas las afirmaciones relativas a la composición de la delegación y a las demandas formuladas constan en la cobertura del evento.

El encuentro entre autoridades y productores, tal como fue documentado en la reunión y en las declaraciones públicas, configura un marco de diálogo institucional formalizado alrededor de cuatro demandas concretas. Las peticiones presentadas inciden directamente en aspectos jurídicos, institucionales, logísticos y regulatorios del sector agropecuario. El hecho cierto es que el Gobierno y los principales gremios acordaron trabajar de forma coordinada para abordar esas demandas. El alcance y la eficacia de las medidas dependerán de la tramitación administrativa y normativa que se emprenda a continuación, así como de la implementación operativa que las instituciones competentes puedan ejecutar.