El país en espera mientras escasea el combustible

En Santa Cruz, El Torno y otras zonas rurales, miles de camioneros, agricultores y ciudadanos hacen largas filas para alcanzar algunos litros de diésel, mientras estaciones de servicio permanecen vacías. En muchos surtidores ya no se comercializa gasolina ni combustible diésel, situación registrada en múltiples surtidores de La Guardia y El Torno. La demanda no satisfecha ha impulsado ventas en el mercado negro, donde cuatro litros se cotizan informalmente hasta por Bs 50.

El transporte urbano también siente el golpe. En Santa Cruz, apenas el 60 % de las unidades de servicio pudo salir al servicio en una jornada, pues muchas no lograron abastecer sus tanques. Cisterna tras cisterna permanece en fila por falta de pagos nacionales para descargar carburantes, incluso estacionadas a la espera en instalaciones vinculadas a YPFB. La Cámara Nacional de Industrias advierte que la crisis compromete procesos industriales esenciales: alimentos, farmacéuticos, productos manufacturados están perdiendo ritmo productivo por falta de combustible.

El Gobierno atribuye la escasez directamente a la falta de dólares para importar combustibles y responsabiliza a la Asamblea Legislativa por bloquear créditos externos destinados precisamente a financiar esas importaciones.

El otro rostro de la paralización: presupuestos que no se ejecutan

Mientras el país lucha con bloqueos energéticos, el Estado central apenas utiliza una parte de los recursos autorizados para 2025. Al 31 de julio, la ejecución presupuestaria general apenas alcanzó 37,94 % del total aprobado Bs 173.626 millones de un presupuesto ajustado de Bs 457.651 millones—, según datos oficiales publicados.

Más preocupante aún, la ejecución de los recursos destinados a inversión pública (obras, infraestructura, desarrollo) se quedó en 22,9 %, apenas Bs 6.440 millones de los Bs 28.047 millones previstos. La gran mayoría del gasto realizado hasta ahora ha sido para cubrir costos administrativos, funcionamiento de entidades estatales y sueldos, y no para obras con retorno productivo.

Entre las entidades públicas con ejecución casi nula figuran el Ministerio de Minería y Metalurgia (1,06 %) y la Empresa Siderúrgica del Mutún (4,76 %). Incluso empresas estratégicas como Insumos Bolivia apenas alcanzaron 1,89 % de ejecución. En el plano subnacional, Santa Cruz reportó un avance presupuestario de solo 39,53 % en la gobernación, mientras la Alcaldía de la capital cruceña se quedó en 44,29 %.

Expertos señalan que ejecutar menos del 40 % en más de la mitad del año revela deficiencias graves: liquidez limitada, exceso de burocracia, incapacidad institucional y priorización del gasto administrativo sobre el desarrollo.

Un diagnóstico que entrelaza dos crisis profundas

La crisis energética muestra que sin reservas en dólares y sin capacidad para importar combustibles, el aparato productivo y social entra en tensión. Lo mismo ocurre en lo fiscal: con recursos autorizados que no se materializan en inversión pública, el país renuncia a desarrollar infraestructura, contar con nuevos proyectos y estimular el crecimiento.

Ambas crisis la del combustible y la del presupuesto no ejecutado no son fenómenos independientes: tienen un origen común en la falta de liquidez externa, de divisas confiables, de capacidad operativa estatal y de previsión. Juntas podrían desencadenar un cerrojo en la economía que limita el crecimiento, genera escasez de bienes básicos y mete a la población en un círculo de crisis permanente.