La Cámara Baja aprobó la autorización legislativa para un préstamo concesional con JICA por $us 100 millones, enviado ahora al Senado para su tratamiento. El debate legislativo ha puesto en primer plano cuestiones de transparencia, destino de fondos y el impacto de estos flujos en las relaciones internacionales, la política fiscal y las prioridades de gasto público.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que autoriza un crédito de hasta $us 100 millones con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y lo remitió al Senado para su revisión, marcando un paso clave en la estrategia de financiamiento externo de Bolivia. La iniciativa busca destinar recursos a programas prioritarios, en medio de debates sobre transparencia y obligaciones fiscales.
Aprobación legislativa en Bolivia
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de ley que autoriza el contrato de préstamo suscrito con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) por un monto equivalente a $us 100 millones, correspondiente a 15.000 millones de yenes, y remitió la norma a la Cámara de Senadores para su consideración final. La sesión plenaria debatió intensamente el destino y la supervisión de los recursos, con un respaldo legislativo dividido y observaciones desde diferentes bancadas.
El convenio de préstamo se vinculó originalmente al “Programa de Apoyo de Emergencia para Respuesta al COVID-19”, firmado con JICA en marzo de 2023, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para sostener servicios públicos y políticas de salud en respuesta a la crisis sanitaria.
Contexto político y contrapuntos parlamentarios
Durante el debate, sectores del legislativo expresaron reservas sobre la claridad en el uso de los fondos y la alineación con las prioridades fiscales del país. Una diputada del Partido Demócrata Cristiano, y esposa del vicepresidente del Estado, cuestionó la aprobación bajo argumentos de transparencia y riesgo de corrupción, haciendo hincapié en que el Presidente había prometido limitar el recurso a créditos en campaña.
El proceso de aprobación se produce luego de que versiones anteriores del mismo proyecto fueran rechazadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2025 debido a falta de apoyo mayoritario, lo que generó tensiones diplomáticas con Japón y advertencias sobre el impacto en futuras líneas de financiamiento bilateral.
Relevancia macroeconómica y financiamiento externo
Los créditos concesionales como los de JICA forman parte del esquema de asistencia oficial para el desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés), caracterizado por tasas de interés bajas, largos periodos de gracia y condiciones favorables para los países receptores, diseñados para apoyar inversión en infraestructura social, fortalecimiento institucional y servicios públicos, sin presionar de forma significativa las cuentas fiscales en el corto plazo.
En Bolivia, estos recursos pueden aliviar restricciones presupuestarias interiores y complementar políticas públicas orientadas a la estabilidad del gasto y el mejoramiento de servicios básicos. La aprobación legislativa también tiene implicaciones en la gestión de la deuda pública externa, que el Banco Central informó haber cubierto en su totalidad para el primer semestre de 2025, alcanzando el pago de $us 764 millones programados.
Relaciones internacionales y percepción inversora
La dinámica legislativa alrededor del crédito japonés tiene un componente de política exterior y de percepción de riesgo país. Japón es uno de los principales donantes de cooperación bilateral a Bolivia y otros países en desarrollo, promoviendo no solo el financiamiento sino también la transferencia de conocimientos y apoyo técnico. En 2025, JICA firmó acuerdos de cofinanciamiento con el Inter-American Development Bank para crear un fondo de $us 1.000 millones destinado a impulsar inversiones privadas en América Latina y el Caribe, reflejando la importancia estratégica de la cooperación japonesa en la región.
La aprobación parlamentaria puede mejorar la confianza de otros socios multilaterales y de la comunidad financiera internacional, al mostrar capacidad institucional para canalizar recursos externos con mayor supervisión y alineación con prioridades socioeconómicas. Esto es relevante en un contexto donde la región enfrenta persistentes brechas de financiamiento sostenible que limitan el crecimiento y la inversión productiva.
Efectos en el entorno legislativo y prioridades fiscales
El voto favorable también influye en la agenda legislativa más amplia, donde otros créditos internacionales y proyectos claves de inversión pública esperan tratamiento. El aplazamiento del Presupuesto General del Estado 2026 en la misma sesión legislativa subraya la presión sobre la Cámara Baja para equilibrar la aprobación de recursos externos con la planificación fiscal interna.
La aprobación del crédito con JICA representa un avance en la gestión del financiamiento externo que combina condiciones concesionales con objetivos de política pública. Su tratamiento en el Senado será determinante para consolidar un enfoque de alianzas internacionales que fortalezca la capacidad de Bolivia para gestionar recursos con transparencia y énfasis en resultados públicos. En el actual clima económico regional, caracterizado por restricciones fiscales y necesidades de inversión en infraestructura social, estos instrumentos pueden contribuir a la estabilidad macroeconómica y a mejorar la percepción de riesgo país, siempre que se acompañen de mecanismos robustos de supervisión, rendición de cuentas y priorización técnica de proyectos.
