Los productores cañeros reclaman el pago de más de Bs 260 millones adeudados por YPFB, acusando retrasos en los contratos de etanol y falta de suministro de combustible, lo que pone en riesgo la producción de azúcar, etanol y el empleo agrícola.
La Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) denunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Economía deben al sector aproximadamente Bs 260 millones por entregas de etanol bajo el programa de biocombustibles, correspondientes a más de cuatro quincenas. Además, los productores advierten que YPFB ha reducido la recolección de etanol comprometido, lo que ha dejado tanques de ingenios llenos y producción acumulada sin salida comercial. Esta situación contractual afecta directamente los ingresos de los ingenios y la liquidez de los productores.
Impacto económico: producción, empleo y cadena productiva
Por estos incumplimientos, el sector cañero está al borde de una crisis que podría paralizar la zafra, con efecto directo en el suministro de azúcar y etanol tanto para el mercado interno como para YPFB. La falta de combustible particularmente diésel agrava la situación, dado que impide que la materia prima llegue a los ingenios o que las tareas agrícolas de fertilización, fumigación y transporte se lleven adelante normalmente.
El riesgo para los productores es doble: por un lado, la incapacidad de cumplir con compromisos contractuales puede generar sanciones o pérdidas de mercado; por otro, la deuda acumulada erosiona su capacidad para invertir en mejoras productivas, mantenimiento de maquinaria y contratación de mano de obra. En regiones como Santa Cruz, donde el cañaveral es motor económico, los efectos se sienten en hogares agrícolas, industrias locales y empleos asociados al agroindustrial.
Condiciones para evitar el colapso sectorial
Concabol exige que YPFB y el Ministerio de Economía honren los contratos pendientes y garanticen el suministro de diésel necesario para la zafra. También pide un cronograma claro de pagos y una logística eficiente para el recojo de etanol almacenado. Sin estas medidas, el sector amenaza con asumir protestas o medidas de presión para hacerse escuchar.
Un elemento clave es restablecer la confianza contractual con los productores: si YPFB cumple sus compromisos pendientes, podría evitar pérdidas mayores y ofrecer previsibilidad. Dado que el programa de etanol también forma parte de la política energética nacional para reducir la dependencia de la gasolina importada, su quiebre tendría impactos fiscales y energéticos más amplios.
