Bolivia, enfrentando una crisis en el suministro de combustibles, ha autorizado a empresas privadas a importar y comercializar gasolina y diésel bajo el Decreto Supremo 5271. Esta medida busca aliviar las dificultades de abastecimiento, aunque presenta desafíos en costos y regulaciones para los interesados.

La reciente autorización para la importación y venta de combustibles por empresas privadas en Bolivia responde a una situación crítica en el suministro, especialmente en sectores productivos afectados por el desabastecimiento y la creciente demanda durante temporadas clave. A pesar de la apertura del mercado, solo dos empresas han presentado documentos formales de interés, mientras que otras muestran reservas debido a los altos costos y complejidades administrativas del proceso.

El precio del combustible importado, que oscila entre 1,20 y 1,25 dólares por litro, supera ampliamente los costos subvencionados por YPFB, fijados en 3,72 bolivianos por litro. Este diferencial plantea un desafío para la competitividad de las empresas privadas frente a los precios estatales, además de exigir pagos en dólares, un factor agravado por las recientes fluctuaciones en el tipo de cambio.

El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ha implementado un sistema de ventanilla única en La Paz y Santa Cruz para facilitar los trámites, buscando así incentivar la participación privada. Sin embargo, las restricciones que impiden a los surtidores vender combustible importado junto con productos subvencionados han generado dudas entre los operadores. Adicionalmente, las empresas enfrentan la exigencia de gestionar complejos procesos logísticos y de distribución, lo que desanima a muchos actores interesados.

Según analistas, esta política marca un cambio significativo en el enfoque del Estado hacia la gestión del mercado energético, con implicaciones importantes para los empresarios bolivianos. Si bien se espera que la medida alivie temporalmente el desabastecimiento, persisten incertidumbres sobre su efectividad a largo plazo y la sostenibilidad de las inversiones privadas en este ámbito.