Mario Montoya, presidente de Conamype, afirmó que más del 90 % de las micro y pequeñas empresas en Bolivia ya están cerrando o sobreviviendo al filo, debido a variables como la escasez de dólares, el contrabando de ropa usada y el encarecimiento de insumos. Advierte que el sector se encuentra en “quiebra total” y exige medidas urgentes para evitar un colapso generalizado.

En una contundente declaración, Montoya indicó que del total estimado de 600.000 unidades productivas, el 90 % ha quebrado o está en quiebra, y el resto apenas subsiste “para el pan de cada día”. Sostuvo además que la creciente informalidad y emigración reflejan una situación crítica: “Estamos huérfanos como sector productivo” y muchos empresarios están considerando cerrar o trasladarse al extranjero para intentar pagar sus deudas.

Denunció también que la crisis se agudiza por problemas estructurales como la falta de dólares, de materia prima, combustible irregular, contrabando y ausencia de incentivos. Esto, dijo, ha minado la competitividad, incrementado los costos y contribuido al hartazgo de emprendedores que ya no pueden sostener sus negocios .

Un reclamo por respaldo crediticio y diálogo urgente

Montoya hizo un llamado al Gobierno y al sector bancario a implementar un moratorio o congelamiento de créditos por un año, para brindar un alivio temporal al sector, especialmente a quienes ya han cerrado o están atrasados con sus obligaciones. Advirtió que, de no avanzar con financiamiento y respaldo, la estructura productiva boliviana se desmoronará sin retorno.

Explicó que en los últimos dos años la Confederación ha elevado múltiples cartas y sostenido reuniones con instancias oficiales, pero sin resultados tangibles, lo que ha generado desconfianza y desesperanza entre los afiliados. Montoya confirmó que se evalúa una situación de emergencia nacional, que podría derivar en acciones de presión si no hay compromisos claros y oportunos del Ejecutivo y de la banca privada .

La crisis que golpea hoy a la micro y pequeña empresa en Bolivia no solo implica cierres masivos, sino un riesgo real de colapso en la base misma del empleo y la productividad nacional. Frente a este escenario, el sector exige medidas integrales y urgentes: acceso a divisas, insumos competitivos, respaldo crediticio y un ambiente económico estable que evite la desintegración de miles de negocios familiares y la pérdida de medios de vida.