El Gobierno boliviano anunció que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 incorporará un nuevo régimen cambiario, señalando el cierre de un ciclo de tipo de cambio fijo que se mantuvo desde 2011 – Bs 6,96 por USD – y abriendo espacio a un marco más flexible con miras a mejorar la eficiencia económica y captar inversión.
Cambio de paradigma en la política cambiaria
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, adelantó que “sería un error hacer lo mismo que en la anterior gestión” y que el PGE 2026 trabajará con un “régimen cambiario que permitirá gestionar la economía de una manera mucho más eficiente” que lo hecho en los últimos cinco años.
Por su parte, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, calificó como “error” mantener el tipo de cambio fijo en Bs 6,96 por USD desde 2011 y adelantó que se trabajará de inmediato en el “mejor régimen cambiario que sea de beneficio para la población”.
Relevancia económica y oportunidades para Bolivia
La posición fija del dólar generó una brecha creciente entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo, donde en ciertos momentos el dólar cotizó cerca de Bs 20, lo que implicó distorsiones económicas graves.
El cambio de régimen ofrece varias oportunidades estructurales:
-
Mejor gestión de reservas internacionales: Un tipo de cambio más realista puede traducirse en menor presión sobre las reservas al ajustar el precio de la divisa frente a la demanda externa e interna de dólares.
-
Aumento de competitividad exterior: Flexibilizar o ajustar el tipo de cambio puede devolver al boliviano un grado de competitividad necesario para las exportaciones no tradicionales, cadena que muchas veces se veía afectada por la sobrevaloración de la moneda.
-
Atracción de capital extranjero: Si la nueva estructura de tipo de cambio se acompaña de reglas claras, estabilidad y gobernabilidad, podría aumentar la confianza de inversores y reducir el riesgo país que penaliza el costo del financiamiento externo.
Desafíos y detalles críticos
La transición no está exenta de retos. Bolivia debe diseñar un régimen que evite una devaluación desordenada y que mitigue impactos inflacionarios. La credibilidad del BCB y del marco regulatorio resultante será clave para evitar un nuevo episodio de fuga de capitales o apreciación descontrolada del tipo de cambio paralelo.
Además, el PGE 2026 debe articular el nuevo régimen cambiario con otras políticas macroeconómicas —fiscalidad, gasto público, importaciones e inversión— para que el tipo de cambio flexible no actúe como única variable de ajuste. La sincronización entre presupuesto, política monetaria y estructural será esencial.
La decisión de incorporar un nuevo régimen cambiario en el PGE 2026 es un paso significativo hacia una mayor eficiencia macroeconómica y competitividad internacional para Bolivia. La clave estará en cómo este cambio se traduce en un marco claro, con previsibilidad, disciplina fiscal y transparencia. Si el país logra esta articulación, podrá beneficiarse del efecto positivo sobre exportaciones, reservas e inversión. En caso contrario, el ajuste costará más caro y podría generar tensiones que limiten el impacto positivo deseado.





