La región urbana latinoamericana se encuentra ante un desafío creciente: el aumento sostenido de las temperaturas está comenzando a impactar tanto la salud de la población como la eficiencia productiva de sus economías metropolitanas. Según un análisis reciente, ciudades densamente pobladas han visto un incremento de hasta 1,5 °C en sus temperaturas promedio desde 1950, junto con un alza notable en los días calurosos extremos que afectan la calidad de vida, sobrecargan infraestructuras y reducen el desempeño laboral.

El efecto económico del calor urbano ya se evidencia en la pérdida de productividad del trabajo ceñida a sectores que requieren esfuerzo físico, así como en interrupciones del servicio energético y del transporte público. Estudios del Inter‑American Development Bank (IDB) calculan que las olas de calor extremo podrían explicar entre un 34 % y un 68 % de la caída proyectada del crecimiento regional atribuible al cambio climático. Asimismo, investigaciones de organizaciones multilaterales estiman que para las grandes ciudades latinoamericanas las pérdidas de producto urbano podrían superar el 5 % del PIB urbano hacia la década de 2040.

Para economías como la de Bolivia, esta tendencia global adquiere relevancia estratégica. Bogotá, Lima, La Paz o Santa Cruz de la Sierra —modelo de crecimiento y urbanización— podrían experimentar interrupciones productivas, aumento de ausentismo laboral y mayores costos energéticos, presionando aún más un ya limitado margen fiscal. En un contexto donde el crecimiento nacional se proyecta por debajo del 1 % para 2025, anticipar y adaptar las ciudades al calor extremo se vuelve parte de la agenda económica nacional.

La adaptación urbana implica medidas de inversión que muchas veces requieren financiamiento externo o cooperación internacional infraestructura de refrigeración passive, zonas verdes, mejoras en el transporte y control del efecto “isla de calor” Estas inversiones tienen el doble objetivo de proteger la población vulnerable y reducir pérdidas económicas. Su ejecución oportuna puede repercutir en el entorno macro: mejorar la competitividad urbana, reducir brechas productivas, y elevar la capacidad de atracción de capital privado extranjero.