El Gobierno boliviano promulgó el Decreto Supremo 5517 que suspende temporalmente la inclusión del diésel en la lista de sustancias controladas, con el propósito explícito de garantizar el abastecimiento continuo de combustibles para transporte, producción y sectores estratégicos, en el marco de una emergencia energética y social declarada por el Ejecutivo. La norma tiene vigencia de un año y forma parte de respuestas regulatorias a la escasez de combustibles y presiones sobre reservas de divisas.

Marco regulatorio y alcance de la medida

El Decreto Supremo 5517, promulgado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, declara una emergencia energética y social ante la escasez de combustibles y dólares, y autoriza la suspensión temporal del diésel como sustancia controlada durante un plazo de hasta un año, con el objetivo de asegurar el suministro continuo y oportuno de este insumo esencial para el funcionamiento de la economía nacional.

La medida elimina la inclusión del diésel en la lista de sustancias controladas y los trámites asociados a ella, entre ellos la exigencia de autorizaciones previas para importación, hojas de ruta y registros ante la Dirección General de Sustancias Controladas. Además, permite a personas naturales o jurídicas privadas importar, vender y comercializar combustibles a precio de importación o preterminal, siempre que cuenten con capacidad de almacenaje propia o alquilada bajo el principio de libre acceso no discriminatorio.

Facilitación de importaciones y comercio de combustibles.
La exclusión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas reduce trámites administrativos y Barreras no arancelarias que, históricamente, han atrasado y encarecido las importaciones de este combustible básico. En un país mediterráneo dependiente de importaciones de combustibles, estas barreras operativas impactaban la liquidez de la oferta interna y la competitividad logística de sectores productivos.

La simplificación de procedimientos puede, por tanto, acortar plazos de despacho y transporte, mejorando la disponibilidad del diésel en estaciones de servicio y rutas de distribución. Esto incide directamente sobre costos de operación en sectores intensivos en energía como transporte, agroindustria y manufactura.

Costos de transacción y eficiencia productiva.
La eliminación de autorizaciones previas y registros también elimina una fuente significativa de costos administrativos para empresas importadoras y distribuidoras, reduciendo la incertidumbre sobre tiempos y costos de cumplimiento. La estructura de costos logísticos en Bolivia, caracterizada por una serie de barreras no tarifarias en el sector de hidrocarburos, ha sido identificada anteriormente como un factor que eleva el costo de producción y de transporte en casi todos los sectores económicos.

Reducción de incentivos al contrabando.
Autoridades han señalado que el control del diésel al interior de la lista de sustancias controladas generaba distorsiones que favorecían el contrabando y la fuga de capitales hacia mercados fronterizos. La eliminación de controles administrativos busca eliminar estos incentivos, con el propósito declarado de mejorar la transparencia y reducir prácticas ilícitas que erosionan la base impositiva y la eficiencia económica del sector energético.

Desde el punto de vista económico, la exclusión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas constituye una simplificación regulatoria que reduce costos operativos y barreras no arancelarias en un segmento esencial para producción y logística del país. Al eliminar requisitos administrativos y permitir la participación más amplia de importadores privados bajo libre acceso no discriminatorio, se mejora la eficiencia en la configuración del mercado de combustibles y se reducen espacios para distorsiones como el contrabando.

Esta medida complementa la estrategia de ajuste macroeconómico más amplia que incluye la eliminación de subsidios, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad fiscal y la disponibilidad de combustibles, aunque su éxito dependerá de la coordinación interinstitucional para adecuar procedimientos aduaneros, de importación y de distribución sin generar nuevos cuellos de botella operativos.

La temporalidad de la medida (vigente por un año) permite una evaluación empírica de sus efectos en la disponibilidad de diésel, costos logísticos y transparencia en el mercado energético, sin comprometer indefinidamente mecanismos de control que puedan ser relevantes para otras políticas de seguridad o regulación.