Bolivia fue incluida en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que significa que ahora está bajo vigilancia reforzada por vulnerabilidades en su normativa anti‑lavado de activos y financiamiento antiterrorista. El Gobierno y organismos internacionales acordaron impulsar medidas específicas para cumplir con los estándares globales.

La admisión en la «lista gris» denominada oficialmente «jurisdicciones bajo monitoreo fortalecido» se confirmó el 13 de junio durante la reunión plenaria del GAFI, donde solo otros países como las Islas Vírgenes Británicas enfrentaron sanciones similares. Este estatus requiere que Bolivia desarrolle un plan de acción específico para abordar sus «deficiencias estratégicas» identificadas por el organismo internacional.

Según las autoridades, el principal escollo ha sido la ausencia de una ley integral contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. En 2021, la Asamblea Legislativa rechazó el proyecto de ley correspondiente, lo que fue señalado como la razón determinante para el ingreso en la lista gris.

Compromiso con la corrección normativa y técnica

El Ministerio de Economía emitió un comunicado reconociendo que Bolivia ha avanzado en más del 90 % de las recomendaciones del GAFI, excepto en la implementación de «técnicas especiales de investigación» exigidas por los estándares internacionales. Las autoridades confirmaron su compromiso de promulgar una ley específica, fortalecer la Unidad de Investigaciones Financieras y mejorar el control sobre actividades de riesgo en sectores vulnerables como el inmobiliario, el financiero y el asociado a bienes raíces.

El GAFI, en su informe oficial del 13 de junio, afirmó que Bolivia se compromete a remediar las deficiencias dentro de los plazos definidos y a colaborar estrechamente con organismos como GAFILAT y la propia GAFI.

Implicancia para finanzas e inversión extranjera

Estar en la lista gris implica que Bolivia está sujeta a mayor escrutinio en operaciones internacionales, lo que puede traducirse en procedimientos más complejos para operaciones transfronterizas, mayores exigencias para bancos y mayores costos para empresas y ONGs. Instituciones financieras internacionales y socios comerciales exigirán mayor documentación, ejecución de debida diligencia y comprobación del origen de fondos. Analistas coinciden en que si los vacíos legales no se corrigen rápidamente, la inclusión en la lista gris podría generar desconfianza, limitando líneas de crédito y afectando proyectos de inversión que dependen de flujos financieros limpios y verificables.

Aunque el Ejecutivo manifiesta voluntad de cumplir, dependerá en gran medida de la Asamblea Legislativa para aprobar las leyes pendientes. El Ministerio de Economía y los organismos técnicos deberán trabajar estrechamente con legisladores para despolitizar el proceso y garantizar que la norma se apruebe sin más dilaciones.