La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) mantiene paralizados créditos externos por un total de USD 1.787 millones, según datos oficiales. Estos recursos, provenientes de organismos multilaterales y entidades financieras internacionales, están destinados a financiar más de una docena de proyectos clave en infraestructura, salud, energía, programas sociales y fortalecimiento institucional, que podrían dinamizar la economía boliviana en el corto y mediano plazo.

El Gobierno advierte que esta situación representa un bloqueo sistemático que impide el acceso a capital fresco en un momento en el que el país enfrenta limitaciones de liquidez, presiones inflacionarias y una balanza comercial cada vez más ajustada.

Sectores estratégicos en pausa

Los créditos abarcan proyectos de infraestructura vial y productiva, considerados esenciales para mejorar la competitividad interna y la conexión con mercados externos. También incluyen programas de riego agrícola y acceso al agua, vitales para la seguridad alimentaria en un contexto de cambios climáticos y pérdidas recurrentes en el sector agropecuario.

En salud, los fondos pendientes están vinculados a la expansión de hospitales, equipos médicos y proyectos de atención primaria, mientras que en el ámbito energético, se contemplan iniciativas para fortalecer el suministro eléctrico y la transición hacia fuentes más eficientes. Cada retraso implica no solo la postergación de obras estratégicas, sino también la pérdida de oportunidades de empleo y de encadenamientos productivos que generan impacto directo en las regiones.

Impacto económico de la demora

Expertos señalan que el estancamiento de estos proyectos genera un costo de oportunidad elevado para la economía boliviana. En un país con déficit fiscal cercano al 7% del PIB, la falta de aprobación de créditos limita la capacidad del Estado de sostener la inversión pública, históricamente uno de los principales motores de crecimiento.

Además, en un escenario de reservas internacionales en niveles mínimos y mayor presión sobre la balanza de pagos, la llegada de financiamiento externo representa no solo inversión en proyectos, sino también un alivio en el ingreso de divisas que podrían estabilizar parcialmente el sistema financiero y el mercado cambiario.

La aprobación o bloqueo de estos recursos se convierte en uno de los temas centrales de la agenda económica y legislativa del país. Su resolución marcará la capacidad del próximo gobierno y de la Asamblea de priorizar la reactivación productiva sobre las tensiones políticas. Mientras los recursos permanecen inmovilizados, el país posterga obras y programas que podrían generar empleo, fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la infraestructura estratégica, todos factores esenciales para enfrentar los retos económicos de los próximos años.