Con la caída del veto que había impedido el uso de criptomonedas desde 2020, Bolivia está en pleno proceso de construir un nuevo marco normativo para regular los criptoactivos. La iniciativa busca aprovechar el repunte transaccional del sector y establecer reglas claras que promuevan tecnologías financieras con respaldo institucional y auditoría.

Desde junio de 2024, el Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó el uso de canales electrónicos de pago para operaciones con criptoactivos, lo que permitió que transacciones digitales crecieran de USD 46,5 millones en la primera mitad de 2024 a USD 294 millones en el mismo periodo de 2025, superando los USD 430 millones acumulados en más de 10.000 operaciones individuales.

En paralelo, la Cámara de Diputados lanzó un foro internacional para discutir normativas sobre criptoactivos y tecnología financiera. El proyecto de ley en revisión busca alinear a Bolivia con estándares internacionales, clasificar diferentes tipos de activos digitales y definir responsabilidades entre entidades como ASFI, UIF y el propio BCB.

La adopción informal creció de manera explosiva: una encuesta reciente indica que el 43 % de los bolivianos posee al menos un criptoactivo (Bitcoin, Ethereum o stablecoins como USDT), impulsada por el acceso limitado a dólares y la esperanza de protección del poder adquisitivo . Este fenómeno refleja la urgencia económica más que entusiasmo tecnológico.

Aunque las plataformas financieras ya operan bajo supervisión y compañías como CryptoMarket Bolivia iniciaron procesos de registro legal, la falta de regulación completa limita operaciones corporativas mayores y mantiene al sector informal dominando las transacciones.

La regulación propuesta incluye la creación de un registro nacional de activos virtuales, requisitos de seguridad cibernética, interoperabilidad con sistemas financieros tradicionales y periodos de adaptación para más de 200 plataformas fintech que operan en el país .

El impacto económico real puede ser notable: un marco legal robusto facilitaría mecanismos formales para remesas, pagos empresariales, ahorro digital y comercio exterior con stablecoins. Esto mejoraría la inclusión financiera, la transparencia transaccional y la lucha contra el lavado de dinero, incorporando a actores formales al ecosistema cripto.

Sin embargo, los expertos advierten riesgos si la regulación es demasiado rígida o tardía. La legislación debe equilibrar innovación con control, evitando que Bolivia pierda terreno frente a otros países de la región que ya han avanzado en reglas claras y estructuras legales fuertes.

Bolivia transita del vacío legal hacia la construcción de un marco regulatorio que puede posicionarla como referente en el uso tecnificado de los criptoactivos en América Latina. Si se implementa con visión económica, institucionalidad y educación financiera, el país podría dinamizar su sistema de pagos, atraer fintech y consolidarse como socio confiable en esta nueva oleada digital.