El Gobierno decidió abrogar el Decreto Supremo 5547, que establecía arancel cero para la importación de grano de soya hasta diciembre de 2026, mediante una nueva norma aprobada tras negociaciones con el sector agropecuario.

La medida fue adoptada luego de protestas de productores del norte integrado de Santa Cruz y del Beni, quienes consideraban que la importación libre de aranceles generaba competencia desleal frente a la producción local. El cambio normativo implica el retorno al esquema arancelario general, donde las importaciones vuelven a estar sujetas a gravámenes que pueden alcanzar hasta 40% dependiendo del producto.

Impacto en balanza de pagos y flujo de divisas

Desde una perspectiva macroeconómica, la decisión tiene implicaciones directas sobre la balanza de pagos. El sector productivo había advertido que importar soya implica salida de divisas, mientras que su exportación permite generar ingresos externos y empleo.

Bolivia produce alrededor de 3 millones de toneladas de soya al año, de las cuales solo cerca de 600.000 toneladas se destinan al mercado interno, lo que evidencia un perfil claramente exportador del cultivo.

En este contexto, permitir importaciones sin aranceles podía presionar aún más la disponibilidad de dólares en una economía que enfrenta restricciones externas. La reversión de la medida apunta a preservar divisas y sostener el superávit del sector agroexportador.

Tensiones entre industria y producción agrícola

El decreto original buscaba abaratar costos para la industria oleaginosa y aumentar la producción de derivados como aceite y harina de soya, productos con demanda externa.

Sin embargo, la política generó un conflicto estructural entre dos objetivos económicos. Por un lado, maximizar la industrialización y exportación de valor agregado. Por otro, proteger la rentabilidad del productor primario.

La abrogación refleja un ajuste en esa tensión, inclinando la política económica hacia la protección del sector agrícola como generador directo de divisas.

Implicaciones fiscales y de precios internos

El retorno de aranceles puede tener efectos en la estructura de costos de la industria, especialmente en segmentos que dependen de materia prima adicional para operar a plena capacidad.

Esto podría impactar en precios internos de productos derivados y en márgenes industriales, aunque al mismo tiempo fortalece el ingreso de los productores nacionales, lo que tiene efectos positivos en economías regionales.

Desde el punto de vista fiscal, los aranceles también representan ingresos para el Estado, en un contexto donde las finanzas públicas enfrentan presión.

La decisión se enmarca dentro de una política económica que históricamente ha oscilado entre medidas de apertura para industrialización y esquemas de protección para la producción interna. En el actual contexto de restricción de divisas, la prioridad parece orientarse a sectores que generan exportaciones directas, como el agro, reforzando su papel dentro de la economía nacional.

La abrogación del arancel cero a la soya evidencia un reajuste pragmático en la política económica. En un entorno de escasez de divisas, Bolivia prioriza la preservación de su capacidad exportadora agrícola sobre la expansión industrial basada en importaciones. La sostenibilidad de este equilibrio dependerá de la capacidad de articular ambos sectores sin afectar la competitividad externa.