Contrabando masivo frente a una producción local bajo estrés

Organizaciones agroindustriales y arroceras de Santa Cruz y Beni afirmaron ante autoridades que desde fines de agosto se ha intensificado el ingreso ilegal de arroz al mercado boliviano. El Comité de Defensa del Productor de Santa Cruz (Codepro) denunció un promedio de 15 camiones diarios que llegan con alrededor de 1.000 quintales cada uno, lo que equivale a un volumen cercano a las 650 toneladas por día. A juicio de los productores, estos envíos vulneran los controles de la Aduana Nacional de Bolivia y del SENASAG, y circulan sin cumplir con estándares sanitarios.

El sector arroquero considera este fenómeno especialmente alarmante, dado que actualmente Bolivia concentra buena parte de su producción arrocera en Santa Cruz y Beni, con unas 180 000 hectáreas dedicadas al cultivo. Pero la combinación de competencia desleal, mezcla de arroz nacional con arroz ilegal, y precios bajos, reportados entre 320 y 360 bolivianos por quintal, frente a los 450–480 bolivianos del arroz legítimo, pone en riesgo la viabilidad de la próxima zafra.

El problema se agrava por denuncias de falsificación en envases: arroceros señalan que el grano ilegal ingresa en bolsas con marcas de ingenios nacionales, engañando a consumidores y distorsionando la competencia de mercado.

Aumento de importaciones oficiales no basta para contener el desabastecimiento

Ante la preocupación por posible escasez, el Gobierno boliviano respondió con medidas de importación. Según el viceministro de Políticas de Industrialización, se han gestionado entre 40.000 y 60.000 toneladas de arroz para abastecer el mercado nacional. Estas importaciones, a razón de 1.500 toneladas semanales durante los primeros meses de 2025 tenían como objetivo estabilizar precios y garantizar el suministro mientras se normalizaba la producción interna.

No obstante, el recurso estatal no ha sido suficiente para contrarrestar el impacto del contrabando. En varios casos las importaciones oficiales terminaron cuestionadas por problemas de calidad: durante 2025, el Gobierno tuvo que rechazar al menos 700 toneladas de arroz importado desde Argentina por presentar contaminación. Esa situación obligó a iniciar gestiones de devolución del adelanto pagado Bs 63 millones y generó dudas sobre los mecanismos de control fitosanitario.

Este contexto revela una doble vulnerabilidad: mientras la oferta nacional se ve afectada por escasez de insumos como diésel para la cosecha, que ya ha provocado pérdidas en hasta 10% de la producción en el departamento del Beni, el mercado interno se ve inundado por productos no regulados, lo que distorsiona precios y pone en riesgo la competitividad de los productores bolivianos.

Impactos económicos, sociales y de política comercial

El flujo persistente de arroz ilegal tiene implicaciones macroeconómicas y sociales. En primer lugar afecta directamente a los productores nacionales, quienes enfrentan una competencia desleal con precios a la baja en un contexto de costos elevados por insumos, diésel y fertilizantes. Esto puede debilitar la rentabilidad del cultivo, reducir la inversión agrícola y llevar a una caída en la producción futura.

En segundo lugar, la seguridad alimentaria y la inocuidad del grano están en entredicho: el arroz ingresado ilegalmente no habría pasado controles sanitarios adecuados, lo que representa un riesgo para los consumidores. Esto resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control fronterizo, trazabilidad y fiscalización de calidad.

Finalmente, la persistencia del contrabando afecta el dinamismo económico del sector agrícola, la generación de empleo rural y la recaudación fiscal, al operar al margen de la formalidad. También pone en jaque la confianza del consumidor y complicaría los esfuerzos del Estado por lograr autosuficiencia alimentaria sostenible.

La alerta sobre el ingreso diario de 650 toneladas de arroz ilegal a Bolivia no debe interpretarse únicamente como un problema de mercado, sino como una falla estructural de gobernanza, control aduanero y política agrícola. En un país cuya producción arrocera depende de unas zonas concretas y enfrenta altos costos internos, la competencia desleal resulta profundamente desestabilizadora. Para revertir este panorama, es imprescindible que el Estado fortalezca los controles fitosanitarios y aduaneros, active mecanismos de fiscalización efectiva y brinde apoyo real al productor nacional. Solo así será posible garantizar tanto seguridad alimentaria como la viabilidad del sector agropecuario en el mediano plazo.