El Gobierno boliviano emitió un decreto que establece nuevos precios para los combustibles, eliminando subsidios generalizados y ajustando el marco de importación de hidrocarburos. La medida, anunciada por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, responde a la necesidad de racionalizar el gasto público y apuntalar la estabilidad del sector energético.

El decreto y nuevos precios anunciados

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la emisión de un decreto, descrito por las autoridades como “por la patria”, que fija nuevos precios para los productos derivados de hidrocarburos, incluyendo gasolina y diésel, así como la facilitación de la importación de combustibles, particularmente diésel, fuera de la lista de Sustancias Controladas, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la adquisición de estos insumos básicos. La oferta estatal indica que los precios reflejarán condiciones de mercado más cercanas al costo real de importación.

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, precisó que la gasolina especial pasará de aproximadamente Bs 3,79 a Bs 6,96 por litro y el diésel de Bs 3,74 a Bs 9,80 por litro, una actualización significativa respecto a los valores previamente congelados durante años.

La decisión de ajustar los precios se produce en un momento donde el Estado enfrenta la urgencia de racionalizar un esquema de subsidios que ha absorbido significativos recursos presupuestarios. En 2024, el mantenimiento de los combustibles por debajo de sus costos de oportunidad implicó un gasto fiscal considerable, que en 2025 había sido proyectado en cerca de $us 2.000 millones para mantener las subvenciones.

Este enfoque, con subsidios generalizados, había generado un fuerte peso fiscal sin un retorno claro en términos de productividad o eficiencia energética. En economías emergentes, los subsidios a combustibles con frecuencia distorsionan los precios relativos y desincentivan inversiones en eficiencia y producción local, según análisis de organismos internacionales.

Dependencia de importaciones y presión de divisas

El ministro Medinaceli destacó que Bolivia importa cerca del 95% del diésel y 55% de la gasolina que consume, una situación que expone la vulnerabilidad de la balanza de pagos frente a choques externos. Esta dependencia importadora se ha visto exacerbada por una caída en la producción nacional de hidrocarburos y la falta de reservas suficientes para satisfacer la demanda interna, intensificando la presión sobre las reservas internacionales de dólares, críticas para la estabilidad monetaria, dado el régimen de tipo de cambio fijo que mantiene el país.

Los ajustes de precios y cambios regulatorios tendrían el efecto de liberar parte de la tensión en las arcas públicas y permitir un manejo más sostenible de las importaciones con el stock de divisas disponible.

Impacto en el comercio, logística y mercado interno

Al facilitar la importación directa de combustibles y establecer precios más orientados a costos de importación, la medida puede generar un impacto en la competitividad de actividades intensivas en energía, desde transporte de bienes hasta agricultura. La actualización de precios permitirá reducir distorsiones en los incentivos del mercado, atrayendo potencialmente más actores privados a la importación y distribución de hidrocarburos bajo nuevas reglas.

En economías de América Latina con sectores energéticos similares, como Perú y Chile, ajustes hacia precios más cercanos al mercado han sido condición para mejorar la eficiencia del suministro energético y reducir pérdidas fiscales provocadas por subsidios generalizados, según análisis de Bloomberg y Financial Times.

Relevancia estratégica en política energética

El decreto también apunta a reducir el contrabando de combustible hacia países vecinos, un problema recurrente cuando los precios internos están por debajo de los niveles internacionales. Ajustar precios tiende a reducir el margen para arbitragem transfronteriza, permitiendo a los ingresos fiscales retener mayor valor dentro del país.

Este nuevo esquema de precios coloca a Bolivia en una senda más pragmática de gestión de su política energética, aunque con desafíos en la implementación efectiva y la comunicación con sectores productivos y ciudadanos que enfrentan nuevos costos de combustibles.

La emisión del decreto de hidrocarburos por parte del Gobierno boliviano representa una alineación del mercado interno con condiciones de precio más cercanas a los costos reales de importación y a las condiciones externas. Esta medida puede contribuir a la sostenibilidad fiscal y a la racionalización del uso de divisas básicas, elementos esenciales para la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo. En un contexto regional de ajustes de subsidios energéticos y volatilidad de precios internacionales, Bolivia adopta un enfoque que podría fortalecer su resiliencia financiera, siempre que se combine con transparencia, mecanismos de mitigación social y una estrategia clara de transición energética.