En los últimos meses, Bolivia ha dado pasos significativos para consolidarse como un actor clave en la industria del litio. A finales de 2023, el país inauguró su primera planta industrial de procesamiento de litio, construida en colaboración con un consorcio chino. Además, se han firmado acuerdos con la rusa Uranium One Group y otro consorcio chino para futuras inversiones, pendientes de aprobación legislativa.

Omar Alarcón, presidente de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), declaró: «Con los dos nuevos contratos, planeamos alcanzar las 49.000 toneladas anuales de carbonato de litio en tres años». Asimismo, anunció negociaciones con firmas europeas y australianas para ampliar la capacidad de producción.

Desafíos y perspectivas económicas

A pesar de estas iniciativas, Bolivia enfrenta desafíos significativos. Aunque posee mayores recursos de litio que su vecino Chile, la contribución boliviana al suministro mundial sigue siendo mínima. Los yacimientos en el Salar de Uyuni presentan altos niveles de magnesio, complicando la pureza del litio y elevando los costos de producción. Además, la lejanía de los puertos marítimos, situados a más de 500 kilómetros y atravesando fronteras, incrementa las dificultades logísticas.

El gobierno apuesta por técnicas de extracción directa para superar estos obstáculos y acelerar la producción. Sin embargo, expertos advierten que, aunque el litio representa una oportunidad económica significativa, su impacto podría ser menor que el del gas natural en términos de ingresos fiscales. Un estudio reciente sugiere que los ingresos del litio servirán principalmente para «cubrir el déficit del sector público».

Consideraciones ambientales y sociales

La intensificación de la explotación del litio ha generado preocupaciones entre ecologistas y comunidades locales. El elevado consumo de agua y la posible contaminación de acuíferos debido al uso de químicos en el procesamiento del mineral son temas de debate. Organizaciones internacionales enfatizan la necesidad de proteger los derechos humanos y el medio ambiente durante la transición energética, instando a una gestión sostenible y equitativa de los recursos minerales. A medida que Bolivia avanza en la industrialización de su sector de litio, será crucial equilibrar el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental y social, asegurando que los beneficios lleguen a todas las partes involucradas.