La revisión de la condición de Bolivia como prestatario por parte del BID se produce en el marco de esfuerzos gubernamentales por estabilizar las finanzas, implementar reformas estructurales y captar apoyos multilaterales, con efectos sobre confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició una evaluación de la calificación de Bolivia como país prestatario, un proceso que coincide con reuniones bilaterales y la construcción de un plan quinquenal de desarrollo, en un momento en que el Gobierno implementa ajustes macroeconómicos y busca reabrir puentes de financiamiento internacional. Esta revisión tiene implicaciones para la percepción de riesgo país y acceso a capitales externos en el corto y mediano plazo.
La visita del presidente del BID, Ilan Goldfajn, a Bolivia responde a un plan de acompañamiento acordado en octubre de 2025 entre el organismo multilateral y el presidente Rodrigo Paz para apoyar la recuperación económica boliviana. Durante esta estadía se evaluará la calificación de Bolivia como país prestatario, componente clave para determinar el acceso a nuevos recursos financieros y la estructura de financiamiento de proyectos públicos y privados.
La evaluación del BID no suele limitarse a una única variable, sino que pondera la sostenibilidad fiscal, gestión de deuda, entorno institucional y proyecciones macroeconómicas del país, así como la capacidad de ejecución de proyectos financiados. En países de ingreso medio y vulnerables, mejorar la calificación como prestatario puede incrementar la participación en líneas concesionales y en programas de apoyo técnico.
Relevancia macroeconómica y acceso a financiamiento
Fortalecimiento del acceso a recursos multilateraless
El BID, como principal socio de Bolivia en financiamiento para el desarrollo, ha aprobado recientemente préstamos concesionales que buscan respaldar sostenibilidad fiscal y reformas estructurales, con condiciones favorables en plazos y tasas de interés que alivian la presión fiscal interna.
Una mejora en la calificación de prestatario puede traducirse en mayor volumen de crédito en condiciones preferenciales, un factor crítico para un país que enfrenta restricciones de liquidez externa y presiones en la balanza de pagos. Según estadísticas del FMI, Bolivia ha registrado un déficit en cuenta corriente que requiere acceso a capitales externos para evitar tensiones de ajuste abrupto en el tipo de cambio y en las reservas internacionales.
Percepción de riesgo país y condiciones de mercado
La percepción de riesgo financiero de Bolivia ha sido objeto de atención por parte de agencias internacionales. Calificadoras como S&P han rebajado la nota soberana del país a niveles considerados de alto riesgo crediticio (“CCC-”), principales que reflejan preocupaciones por reservas internacionales bajas y desequilibrios fiscales persistentes.
En este contexto, la evaluación por parte de un organismo multilateral como el BID puede ofrecer un contrapunto que modere las percepciones negativas del mercado. Un reconocimiento positivo se traduciría en menores primas de riesgo exigidas por inversores externos, facilitando la emisión de deuda soberana o garantizada por el Estado en mejores condiciones. Este efecto, sin embargo, depende de la credibilidad del plan fiscal y de la transparencia en la ejecución de reformas anunciadas.
Dimensión regional y comparativa
En América Latina, la calidad crediticia de los países influye en los términos de acceso a financiamiento interno y externo. Economías con calificaciones superiores logran tasas más bajas y mayor volumen de créditos multilaterales, lo que les permite financiar proyectos de infraestructura, reformas sociales y transición energética con menor carga fiscal. Si Bolivia logra mejorar su posición como prestatario, se alinearía con esfuerzos de países vecinos que han aprovechado apoyo de multilaterales para modernizar sectores clave de sus economías.
Organismos como el BID otorgan apoyos también en áreas de estadística, infraestructura y gestión pública, buscando contribuir a la calidad de las políticas públicas y datos oficiales que sustentan decisiones privadas y públicas.





